El subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Carlos Stoute, pidió al Ministerio Público (MP) que investigue el uso de un software creado y desarrollado –al menos en parte– por técnicos de la AIG, que comercializa una empresa privada. Su denuncia fue la culminación de una serie de acciones del funcionario para que, desde varias instancias, alguna autoridad se interesara en el tema.
Por ejemplo, Stoute recurrió a la autoridad más próxima, su jefe, Luis Oliva; también al contralor, Gerardo Solís. Se acercó a Benjamín Colamarco, titular de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, y a Alejandro Rojas Pardini, “ministro consejero” de Facilitación de la Inversión Privada, ambas dependencias de la Presidencia. Además, habló con la asistente ejecutiva del presidente de la República, Nadia del Río, y hasta se comunicó por escrito con el jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo. Todo en vano.
Bloqueo de Oliva
Los problemas del subadministrador de la AIG empezaron a manifestarse directamente después de solicitar a la Oficina de Auditoría Interna de la AIG que investigara el tema de la plataforma Listo. Como se informó en la entrega anterior, según la denuncia de Stoute, este software habría sido creado –al menos en parte– por técnicos de la AIG para darle servicio a los beneficiarios del vale digital y a los negocios que redimían esos documentos, pero el programa también lo manejaba la empresa Fintek, S.A.
El antiguo jefe de Stoute, el hoy exadministrador de la AIG, Luis Oliva niega que la plataforma sea de la AIG. Dijo que pertenece a Fintek, que es una plataforma financiera en la que la AIG interviene para elaborar las comunicaciones entre Listo y los programas de las entidades del Estado y los ciudadanos.
No obstante, Stoute alega que desde “muy temprano” en 2022, la AIG empezó a trabajar en esa plataforma y los documentos de la institución revelan, efectivamente, que ese nombre no apareció en diciembre, cuando Cable & Wireless anunció que no le daría más servicio al vale digital si no le pagaban una deuda de más de $5 millones por el uso de su plataforma “Cédula D”, que fue luego reemplazada con la denominada Listo.
En su denuncia, Stoute revela que Oliva lo llamó enojado el 7 de septiembre pasado. Le dijo que se oponía a una auditoría que Stoute pretendía que hiciera la Oficina de Auditoría Interna de la AIG. Días después, Stoute le escribió a Oliva para explicarle sus razones y pedirle su respaldo. Pero, según la denuncia, Stoute recibió “acciones de intimidación y represalias” de parte de Oliva.
Por ejemplo, explicó Stoute, Oliva se negó a reunirse con él y silenció toda comunicación con él. Incluso, le ordenó a Stoute que no se involucrara más en el tema de Listo, a pesar de que “múltiples empresas me llaman para quejarse de la ausencia de pagos, problemas con la plataforma y falta de respuesta de la unidad gestora”.
Luego, el 30 de septiembre pasado –narra la denuncia– hubo una reunión en la que Oliva “indispuso” a Stoute ante el equipo de trabajo, “manifestando su incomodidad con las notas y acciones tomadas por mí. El Ing. Oliva también prohibió toda nota escrita sobre el proyecto”, explicó Stoute al MP.
“En conclusión –contó Stoute– durante el período del 6 de septiembre, cuando yo solicito la intervención de la auditora en el caso [del software] del vale digital, hasta el momento en que el Ing. Oliva renuncia, el 13 de octubre del 2023, él no impulsó la realización del audito o revisión, hasta el punto de que la unidad gestora, la Dirección de Transformación Digital, a cargo de Juan Marco García, se negó a ofrecerle información a la auditora, lo cual, hasta el momento de escribir este documento, continúa siendo la realidad”.
Oliva niega, empero, que se haya opuesto a la auditoría. Alega que sí se inició el proceso de auditoría, aunque inmediatamente corrigió sus palabras. Dijo que la auditora le informó que no se podía hacer porque Fintek no tiene un contrato perfeccionado con la AIG de acuerdo con lo que establece la Ley.
Añadió que la funcionaria le sugirió hacer una “revisión”, mas no una auditoría. Y, según Oliva, eso se hizo y se la encargó a Stoute de esa “revisión”.
Pero Stoute niega haber sido encargado de ello. Si bien existe la norma de que las auditorías se hacen cuando hay documentación, y aquí no hay ninguna, por ende quizá no aplique una auditoría en el sentido usual de la misma, explicó Stoute, sin embargo habían elementos de convicción y evidentes irregularidades para investigar lo que estaba pasando. Pero hasta ayer martes, no había habido ni auditoría, ni revisión, ni siquiera una investigación.
Renuncia de papel
El 11 de octubre pasado –dos días antes de la renuncia de Oliva al cargo de administrador de la AIG– ambos funcionarios se reunieron y pudieron “hablar francamente”. De esa reunión, Stoute recuerda que Oliva “me indicó que él es un héroe por lo del vale digital…” que “su equipo se había sacrificado desarrollando la plataforma Listo…” y que “él se retiraba de la AIG solo en papel, que él seguiría influenciando la administración de la AIG”.
Si hay dudas de esto último, solo hay que recordar que Stoute en su denuncia relata que Oliva, después de renunciar a la AIG –el 13 de octubre de 2023– cinco días después –el 19 de octubre– firmó un acuerdo con la empresa Fintek para el uso de la plataforma Listo. Pero este acuerdo tenía fecha de vigencia desde el 2 de diciembre de 2022 y por un término de seis meses. Es decir, cuando Oliva firmó el acuerdo, este –de hecho– había caducado, pues sus seis meses de vida habían terminado en junio de 2023.
“Eso lo niego rotundamente, es totalmente falso”, se quejó Oliva. Dijo que tras su renuncia, nunca firmó un documento de la AIG y que eso se firmó en la fecha indicada: 2 de diciembre de 2022. Pero Stoute dijo a La Prensa que si eso fuera cierto, ¿cómo explica Oliva el hecho de que ese acuerdo con esa fecha de 2022 se envió a la Contraloría para su refrendo el pasado 20 de octubre?
Además, fuera de ese documento, no hay otro, según el personal de Legal de la AIG, que ampare el uso y cobro de una comisión del 0.5% por el uso de la plataforma Listo en cada transacción con los vales digitales.
Por tanto, el subadministrador de la AIG le pidió al MP “que la conducta del Ing. Oliva debe evaluarse para identificar si se dieron o no algunas o cualquiera de las siguientes situaciones: negligencia en su actuar al incumplir con sus responsabilidades, complicidad en cualquiera de las irregularidades enunciadas en este escrito, extralimitación de funciones, y otras”.
Nada en Presidencia
En vez de ser recibido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, –tras una carta que Stoute le envió el 4 de octubre pasado– en la que buscó ayuda del gobernante para aclarar lo que ocurría con el “programa insignia del presidente” –tal como lo llamó el contralor Gerardo Solís– el funcionario fue recibido por Nadia del Río, asistente de Cortizo.
La reunión fue programada el mismo día que Stoute hablaría con el contralor. A del Río “le conté todo lo que sabía a la fecha –narró al MP– incluyendo las irregularidades que yo había detectado, y quedó en hacerle un reporte al presidente. Desde entonces, no he sabido de ninguna otra acción tomada a nivel de la Presidencia”.
Stoute, según su denuncia, había entregado su nota al presidente Cortizo a Colamarco, quien “prometió entregarla al presidente personalmente”. Nunca más supo de Colamarco. Fue entonces que coincidentalmente Del Río lo citó el mismo día que le había dado cita al contralor. El funcionario también trató de hablarle por WhatsApp a Rojas Pardini, el 6 de octubre pasado, y solicitarle una reunión sobre el vale digital. “Esta reunión no se me concedió”.
Stoute opina que todo lo anterior “muestra un posible incumplimiento de sus responsabilidades, por parte del presidente, el personal de la Presidencia, y otros funcionarios del Ejecutivo, al no actuar en forma efectiva sobre la situación delicada que se les ha reportado”.
‘Corregir, no investigar’
En su peregrinación en busca de ayuda para averiguar e informar lo que ocurría con la plataforma Listo, Stoute se topó con otro muro.
Dado que la auditoría interna que solicitó no arrancaba, acudió al contralor Solís, el 25 de octubre pasado. Tras informarle de sus inquietudes, el contralor le dio, cándidamente, algunos consejos, propios de un político y no de un funcionario con sus responsabilidades.
De acuerdo con la denuncia, Solís le dijo a Stoute que él era “una persona muy cuadrada y técnica y que, a mi nivel, yo debiera ser más político”; que “mis iniciativas le harían daño al programa insignia del presidente, el vale digital, lo cual era una lástima, porque el presidente Cortizo estaba realizando una buena labor […]” y que “no veía nada malo por encima en lo que yo le estaba reportando y que la labor de él era ‘corregir’ y no investigar”.
Por otro lado, durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto, el 6 de septiembre de 2023, Stoute –narra en su denuncia– tuvo un intercambio con el diputado Juan Diego Vásquez sobre su “preocupación sobre la asignación del vale digital en forma discrecional o basada en motivos políticos…”.
Tras esa sesión, Stoute investigó y descubrió que en tres instancias de la AIG (la Oficina de Beneficios Digitales; la Dirección de Ciencias de la Información y la plataforma Listo de Fintek, bajo responsabilidad de la AIG) “se intercambian archivos aislados de forma manual, los cuales, en mi opinión, pueden ser manipulados, dado que no existe un único proceso o sistema integral de comienzo al fin digital”, comentó el denunciante.
Este hecho se lo reveló a Solís, “quien quedó en considerar si hacía algún tipo de auditoría”, pero nada ha trascendido sobre ello, salvo que, según la denuncia, habría en curso una investigación de la Fiscalía Electoral, de la que tampoco se sabe nada.
“Siento que es válido cuestionar si el Contralor está faltando a sus responsabilidades ante la situación reportada”, opinó Stoute en su denuncia ante el MP.
Una donación, pero para quién
El exadministrador de la AIG Luis Oliva aseguró en un comunicado que “adquirimos a través del sector privado, con la empresa Fintek, la donación de la plataforma digital [Listo]”. Sin embargo, no existe prueba documental alguna que acredite tal donación, al menos como ordena la Ley. En el acuerdo firmado entre la AIG y Fintek no se hace referencia a donación alguna, De hecho, establece que “AIG se compromete a proporcionar acceso rápido a sus funcionarios, procesos y recursos relacionados al proyecto sin costo alguno a la compañía [Fintek]. Y, a pesar de que Oliva asegura que Listo pertenece a Fintek, el acuerdo señala que “la AlG autoriza por este medio el uso e incorporación de la marca ‘Listo en el ‘Proyecto Piloto’”.
Mayores detalles de este caso en próximas entregas
