La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada busca a un hombre ligado a una de las sociedades intermediarias utilizadas por la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse de créditos fiscales por un valor aproximado de $40 millones.
Se trata de Adolfo Cosme Quintero Aguilar, quien ha sido identificado como accionista y beneficiario final de Master Eco Green, S.A., una de las sociedades que gestionó los créditos fiscales objeto de la investigación y que eventualmente fueron adquiridos por Bac International Bank.
Quintero -según la investigación de la fiscalía- habría recibido poco más de $1.6 millones en 28 transferencias realizadas por Master Eco Green después de recibir los pagos obtenidos producto de las cesiones de créditos fiscales. Las transferencias ocurrieron en menos de tres meses -entre el 10 de octubre de 2024 y el 1 de enero de 2025- y se realizaron desde una cuenta a nombre de Master Eco Green en Bac International Bank. Hubo días en los que se realizó más de una transferencia a favor de Quintero; por ejemplo, el 4 de diciembre de 2024 se hicieron dos que sumaron $220,246.
La juez de garantías Zenia Pérez Gálvez autorizó el allanamiento de una casa en Vista del Valle, calle Hot Spring, en el corregimiento Rufina Alfaro, en San Miguelito. La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) cree que esa es la residencia de Quintero. Además de su aprehensión, la diligencia permitirá encontrar teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias de almacenamiento, computadoras, libretas de apuntes, comprobantes bancarios, recibos, remesas, cajas fuertes, chequeras, registros contables o cualquier otro elemento que permita obtener más información, en particular, otros nombres de integrantes de la red que todavía no han sido identificados.
La ‘ocultación’...
La representante legal de Master Eco Green es Karen Lorena Pitty. Inicialmente, la sociedad alegó que Adolfo Quintero Aguilar era un “gestor” que buscaba potenciales clientes para “colocar” los créditos fiscales, a cambio de una comisión equivalente al 17% de las transacciones. Quintero no era el único gestor; había otro llamado Carlos Enrique Ferguson, pero su comisión era inferior, del 4%.
Cuando la fiscalía pidió explicaciones por las múltiples transacciones realizadas desde una misma cuenta, el banco informó que su oficial de cumplimiento contactó a Pitty, ya que ella aparecía como firmante y beneficiaria. Entonces Pitty respondió al banco que Quintero y Ferguson eran accionistas y también beneficiarios finales de la sociedad. Estos datos no fueron declarados al momento de abrir la cuenta, “lo que sugiere la ocultación de los beneficiarios reales”, afirmó la fiscalía.
Contactado por La Prensa, el Bac recalcó que puso a disposición de la fiscalía la trazabilidad de todas las operaciones. También señaló que desde abril de 2025 suspendió la adquisición de nuevos créditos fiscales, como medida preventiva mientras se esclarecían los hechos.
Los tres —Quintero, Ferguson y Pitty— están en la lista de requeridos por la operación Pandora, según la resolución de aprehensión No. 16 que firmó el fiscal Dagoberto Alvarado el 7 de julio pasado.
A diferencia de Quintero, cuyo paradero se desconoce, Ferguson y Pitty ya fueron imputados por la presunta comisión de cuatro delitos: delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos. Ambos están en detención provisional, por orden de un juez.
El patrón y la trazabilidad
En su resolución del 7 de julio, el fiscal Alvarado recalcó que la información obtenida en las inspecciones oculares practicadas a distintas entidades bancarias, complementada con el análisis de los estados de cuenta, transferencias, depósitos, operaciones de banca móvil y demás documentación financiera, “permitió identificar un patrón constante de circulación de fondos entre sociedades mercantiles y personas naturales estrechamente relacionadas”.
En la trazabilidad se observó que, en numerosas ocasiones, los fondos ingresaban a las cuentas de Master Eco Green para posteriormente ser transferidos a Apriori Abogados y Asesores —cuyo socio, Jercovick Joyner, también está imputado y en detención provisional—, desde donde continuaban su recorrido hacia Servicios de Asesoría y Administración Jurado y las cuentas personales de Joyner, Adolfo Quintero Aguilar, Carlos Ferguson y José Miguel Jurado, entre otros.
“Esta dinámica refleja una circulación repetitiva de recursos entre sociedades y personas que mantienen relaciones comerciales, societarias y financieras previamente establecidas”, sostiene el fiscal.
Este “elevado grado de interrelación” entre el mismo grupo de actores evidencia la existencia de una estructura operativa que no es casual, dado que las tareas estaban claramente definidas y distribuidas. “La conducta observada no responde a hechos aislados o espontáneos, sino a una dinámica coordinada que requirió conocimiento técnico del sistema tributario, acceso a las herramientas administrativas tecnológicas y mecanismos de ocultamiento destinados a dar apariencia de ilegalidad”.
En la resolución del fiscal Alvarado también se menciona que Quintero recibió $35,000 de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., otra de las sociedades intermediarias utilizadas por la red que penetró el sistema e-Tax 2-0.
El representante legal de esa sociedad, José Miguel Jurado Rovira, se entregó voluntariamente hace dos semanas, al enterarse de que había una orden de aprehensión en su contra. También fue imputado y permanece detenido.
Habla De Gracia
En tanto, Publio de Gracia, que fue director de la DGI en el periodo en el que se cedió la mayoría de los créditos fiscales objeto de la investigación, dijo que en el año 2022 presentó las primeras denuncias por la manipulación de los datos almacenados en el sistema e-Tax 2.0.
En un comunicado, contó que en 2023 presentó otra denuncia sobre posibles resoluciones adulteradas relacionadas con incentivos fiscales.
También aseguró que en febrero de 2024 suspendió todos los trámites de compensación y cesión de créditos fiscales, “ante la preocupación de un grupo de profesionales tributarios”. “Ninguna solicitud podría aprobarse sin pasar antes por la dirección de la DGI”, remarcó.
Además, emitió una resolución para exigir requisitos adicionales y, en junio de 2024, estableció un canal de denuncias en el sitio web de la entidad.
El 1 de julio de ese mismo año hubo cambio de gobierno y Camilo Valdés reemplazó a De Gracia en el cargo.
En lo que respecta al Bac, el banco remarcó que informó y colaboró con la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público y otras autoridades, activó una revisión interna formal, notificó las alertas identificadas y presentó denuncias correspondientes al detectarse documentos y contratos falsos con una firma atribuida indebidamente a un representante del banco.
