La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa) completó su mudanza al edificio P.H. Sky Business Center, pese a que los integrantes del grupo Carretero —propietarios de este edificio, ubicado en la avenida Balboa— ingresaron en diciembre pasado a la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Nada impidió que se concretara el contrato de arrendamiento GG-064-2026, por un monto de $2.1 millones, para el uso de áreas de oficina ubicadas en los pisos 9, 9.5 y 11 del mencionado edificio.
El contrato fue aprobado por el Consejo Económico Nacional (Cena) el 8 de agosto de 2025, cuatro meses antes de que los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero Napolitano fueran sancionados por Estados Unidos.
El contrato fue firmado por Etesa y la sociedad Sky Business Center Group, Corp. Esta última está integrada actualmente por Alex Ariel Miranda (presidente y secretario), así como por Paola Carretero Hernández (tesorera), hija de Vicente. Se trata de una directiva que cambió su composición tres días después de que los hermanos Carretero Napolitano fueran sancionados por la OFAC.
En efecto, desde 2018, cuando se constituyó la sociedad, esta estuvo presidida por Vicente Carretero Napolitano hasta el 22 de diciembre de 2025, cuando el agente residente de la sociedad, Alex Ariel Miranda, pasó a ocupar la presidencia y mantuvo, simultáneamente, el cargo de secretario. El trámite, que se realizó alterando el turno y pagando un recargo al Registro Público, se llevó a cabo en la notaría de un connotado martinellista, el abogado Héctor Santos Rudas.
¿Cómo se construyó el Sky Business?
El edificio que aloja las nuevas oficinas de Etesa, no obstante, pertenecería a todo el grupo Carretero. En documentos obtenidos por un consorcio de medios internacionales de la liquidación forzosa del banco panameño AllBank, existe una serie de correos en los que se verifican datos sobre otra sociedad en la que Ramón Carretero tiene un poder general: la empresa Landscape Vision, Corp., cuya dirección, de acuerdo con el correo, es el Edificio Rali, en la avenida José Domingo Arias.
Funcionarios de otro banco —el Commerzbank— preguntaban en julio de 2024 a sus colegas de AllBank: “¿Cuáles son los bienes y servicios subyacentes relacionados con las órdenes de pago enviadas a Landscape Vision Corporation?”.
La respuesta fue que “los fondos recibidos [de Landscape] provienen de un contrato de préstamo puente que la empresa tiene con Inmobilia Development”, una offshore registrada bajo la jurisdicción de Barbados.
Acto seguido, preguntan: “¿Cuál es la relación entre Landscape Vision Corporation e Inmobilia Development?”.
La respuesta fue que “Inmobilia Development otorgó al Grupo Carretero un préstamo puente para la remodelación de su Sky Business Center en la avenida Balboa. Este edificio tiene un valor aproximado de $80 millones”.
Significa entonces que Ramón Carretero Napolitano, a través de Landscape Vision Corporation, pagaba el préstamo para construir el edificio Sky Business Center –nueva sede de Etesa– lo que, de hecho, indica su relación de control sobre dicho inmueble.
¿Por qué Etesa mantiene vínculos con una empresa cuyos principales accionistas están en una lista sancionatoria estadounidense? Si Estados Unidos prohibe que sus ciudadanos y entidades mantengan relaciones comerciales y financieras con aquellos que están listados, ¿cómo queda la relación con Etesa, a partir de sus vínculos con empresas relacionadas a los Carretero? Aquellos proveedores y clientes estadounidenses de Etesa, ¿estarán enterados de esto?
‘Muerte comercial’
La literatura judicial que se refiere a las sanciones de la OFAC advierte sobre el bloqueo de activos de personas naturales y jurídicas. Específicamente, prohíbe a sus ciudadanos la celebración de cualquier transacción —directa o indirecta— con estas personas, lo que incluye el intercambio de bienes, como, por ejemplo, la exportación o la importación —actividad esta que es notoria e instrumental en los negocios de los Carretero Napolitano, utilizando la Zona Libre de Colón como destino intermediario o final—, o servicios financieros, asesoría legal, etc.
De igual forma, las sanciones incluyen la prohibición de cualquier actividad que facilite, de alguna forma, las transacciones con el sujeto sancionado. Los especialistas precisan que la interacción con los sancionados solo resulta posible si existe una excepción legal o gubernamental, como, por ejemplo, actos humanitarios o si el sancionado obtiene una licencia que le permita el desarrollo de estas actividades.
Los hermanos Carretero Napolitano están incluidos en la Lista SDN de la OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons o Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas) y, aunque lo que se busca es impedir cualquier transacción con ciudadanos o empresas norteamericanas, las medidas de la OFAC también se extienden más allá. Por ejemplo, las empresas fuera de Estados Unidos que, aun sabiendo que esas empresas o personas están sancionadas, facilitan transacciones significativas con los sancionados se arriesgan a sufrir sanciones secundarias y pueden ser incluidas ellas mismas en listas restringidas.
El sitio web Risk Intelligence (Inteligencia de Riesgos) advierte que “aunque personas de otros países no están directamente sujetas a la ley estadounidense, las empresas y bancos extranjeros evitan hacer transacciones con estos sancionados. Esto se debe a que realizar negocios con objetivos de la OFAC expone a las compañías internacionales a sanciones secundarias, lo que puede resultar en la congelación de sus propios activos en Estados Unidos o la pérdida de acceso al sistema bancario en dólares”.
Este tema conlleva también el análisis de las operaciones de las empresas de los hermanos Carretero Napolitano que se dedican al comercio de importación y exportación en la Zona Libre de Colón, institución esta que está a cargo de Luisa Napolitano, prima hermana de los sancionados por la OFAC. Pero sobre los negocios de la familia Carretero Napolitano con el Estado panameño no ha habido un pronunciamiento oficial.
¿Distancia?
“Nosotros, como gobierno, no tenemos ningún tipo de comercio ni hay absolutamente nada con el señor Ramón Carretero, hasta donde yo conozco”, dijo en diciembre pasado el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, refiriéndose a las sanciones de la OFAC contra ese empresario, que fue el primero de los hermanos sancionado, el 11 de diciembre del año pasado.
Lea aquí la nota ‘Lista Clinton: el gobierno se distancia de Ramón Carretero’
De manera similar, el presidente José Raúl Mulino se refirió a su relación con Ramón Carretero.
“Mi gobierno no tiene ninguna relación, ni directa ni indirectamente, con el señor [Carretero Napolitano]; no hay un solo contrato relacionado con él directamente ni él juega un rol importante en Panamá en términos de actividad económica”, dijo Mulino el pasado 18 de diciembre.
Pero, como se ve, sí hay un contrato —al menos— con una empresa estatal vinculado a los hermanos Carretero Napolitano, y la actividad de importación y exportación de empresas de los sancionados también es innegable en la Zona Libre de Colón.
La Prensa envió el pasado viernes y domingo un cuestionario al gerente general de Etesa, Roy Morales, preguntándole sobre el contrato de arrendamiento de la nueva sede de Etesa, pero no hubo respuesta.
