La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, giró instrucciones a los jueces penales para que informen a la Dirección General de Ingresos (DGI) sobre los procesos en los que se hayan reconocido ganancias ilícitas por blanqueo de capitales, corrupción y cualquier otro delito contra el Tesoro Nacional.
López expresó –en una nota dirigida al director general de Ingresos, Publio De Gracia– que la comunicación que recibirá de los jueces contribuirá para que esa entidad pueda hacer “efectivo el cobro de impuestos a que hay lugar” en los casos antes mencionados.
La carta de la magistrada responde a la solicitud de información realizada por De Gracia el pasado 21 de diciembre, la cual reiteró el 18 de enero de este año. En ambas misivas, la DGI destaca la “necesidad” de comunicar a esta entidad sobre “aquellos procesos en los cuales se hayan reconocido ganancias ilícitas por parte de contribuyentes, particularmente en casos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública”.
Con esta aplicación de las normas tributarias, establecidas en los artículos 695 y 696 del Código Judicial, la DGI podría cobrar a todo aquel que sea declarado culpable de lavado de activos por el incremento de sus ganancias no declaradas, así como por corrupción y otros casos contra la administración pública.
El Órgano Judicial maneja casos de alto perfil que involucran a dos expresidentes de la República, sus familiares, exministros y otros exfuncionarios, procesados por lavado de activos en casos como New Business, Blue Apple y Odebrecht.
De Gracia, en una de sus cartas, afirmó que en algunos de estos casos, los vinculados lograron acuerdos de pena que los juzgados penales no comunicaron a la DGI para que se hiciera el cobro correspondiente de impuestos sobre esas ganancias ilícitas. Eso, a pesar de haber conocido que los involucrados incrementaron su patrimonio por actividades ilícitas.
