Bac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Esta red —integrada por funcionarios, abogados y testaferros— habría causado una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones.
El 21 de julio de 2025, Bac International Bank, a través de la firma de abogados Infante & Pérez Almillano, presentó una denuncia por falsificación de documentos, en la que advertía que circulaban contratos y otros escritos “con una firma atribuida indebidamente a un representante del banco”.
En la denuncia, la entidad bancaria reconoció que el 4 de septiembre de 2024 suscribió un “contrato comercial de colocación y venta de créditos fiscales” con Karen Pitty, representante legal de Master Eco Green, S.A., una de las sociedades “intermediarias” utilizadas por la red que manipuló el e-Tax 2.0.
Posteriormente, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, Bac fue contactado por cuatro bancos (Banistmo, Unibank, St. Georges y Mercantil), todos con una consulta similar: validar un supuesto contrato de colocación y venta de créditos fiscales entre Servicios de Asesorías y Administración Jurado e Inversiones Riverside, en el cual figura como “vendedor” José Miguel Jurado Rovira, y Ramón Chiari, en representación de Bac. También adjuntaban una “nota de autorización” de Master Eco Green.
Cuando el departamento legal de Bac revisó esa documentación, advirtió a los otros bancos que esta era falsa: “no son reconocidos como legítimos o reales”, ya que, aunque sí suscribió un contrato con Master Eco Green, no tenía ningún acuerdo firmado con Servicios de Asesorías y Administración Jurado e Inversiones Riverside.
El valor de las cesiones
Aunque la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la operación Pandora, maneja información que indica que la red vendía los créditos fiscales por un monto equivalente al 71% de su valor nominal (por lo que tenían un descuento del 29%), Bac advirtió que esas cantidades estarían equivocadas.
“Los contratos de créditos fiscales que ejecutó Bac se compraron con descuentos que oscilaron entre el 5% y el 9%”, explicó Marta González, vocera y directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Bac, ante una consulta de La Prensa.
González recalcó que, desde abril de 2025, el banco suspendió la adquisición de nuevos créditos fiscales “como medida preventiva, mientras se esclarecían los hechos”.
Agregó que no puede validar los contratos de cesión que están en poder de la fiscalía, ya que no es parte de la causa y desconoce, de manera formal, cuáles son los créditos fiscales objeto de la investigación y sus valores.
Las alertas
Los documentos falsos fueron utilizados para intentar justificar el ingreso de sumas millonarias a distintas cuentas bancarias utilizadas por la red desmantelada en la operación Pandora.
En la denuncia penal presentada hace un año también se informó que el 1 de abril de 2025 St. Georges Bank contactó al banco para informarle que el cuentahabiente Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., había recibido $6 millones y que el sustento de dichos fondos estaba en un supuesto contrato de cesión de créditos entre Bac y Bonay International Holding, S.A.
Lo mismo ocurrió dos días después, esta vez con Mercantil, que tenía como cliente a Master Eco Green, sociedad que había recibido $7 millones, también justificados con el contrato entre Bac y Bonay.
La presidenta de Bonay, Cira Marin, fue aprehendida e imputada por este caso, como parte de la operación Pandora. También Jercovick Joyner, socio de la firma Apriori Legal, agente residente de Bonay. Ambos están en detención provisional, por orden de un juez de garantías.
Bac también mencionó en su denuncia que reportó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el cierre de una cuenta bancaria a nombre de Master Eco Green por registrar operaciones sospechosas. En esa cuenta, aperturada el 29 de septiembre de 2024, se acreditaron poco más de $11 millones. De ella salieron los pagos a los gestores y “clientes” de los créditos fiscales colocados por esa sociedad, en su rol de intermediaria.
Un fiscal y un desdén
Pese a todo lo que el banco contó en su denuncia penal, el fiscal adjunto Salustiano González, de la Fiscalía Metropolitana, ordenó su archivo provisional el 25 de octubre de 2025.
El fiscal alegó que, pese a que realizó unas cuantas diligencias, como inspecciones oculares en la DGI, el Registro Público y uno de los bancos, no logró obtener el documento que se denunció como falsificado. No obstante, en su denuncia, Bac aportó copia del contrato falso con Servicios de Asesoría y Administración Jurado.
No consta que el fiscal González tomara declaración a alguna de las personas vinculadas a Master Eco Green, Servicios de Asesoría y Administración Jurado, Inversiones Riverside y Bonay.
Tampoco a Karen Pitty, Cira Marin, José Miguel Jurado o Jercovick Joyner.
Los cuatro están ahora imputados como parte de la operación Pandora.
