Al menos ocho contribuyentes resultaron afectados por la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse de créditos fiscales.
La maniobra permitió traspasar esos créditos a sociedades que actuaban como “intermediarias”, las cuales luego los cedían a otro contribuyente inscrito en el sistema e-Tax 2.0. Una auditoría interna de la DGI reveló que, en todos los casos examinados, el receptor final fue el mismo: Bac International Bank Inc. El banco ya reconoció haber adquirido los créditos y sostiene que actuó “de buena fe”.
La auditoría interna calcula que, a través de esta modalidad, se anularon créditos fiscales por un monto de $30.5 millones, pertenecientes a ocho contribuyentes: Thunderbird Resorts Inc., Inchape Inversiones España S.A., Consalfa S.A.S., Leemart Property Ltd., National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, The Shell Co. W. Limited, Enel Investment Holding B.V. y Citibank Overseas Investment Corporation. Algunas de estas sociedades ya se encontraban disueltas o suspendidas cuando la red se fijó en ellas.
La lista está incluida en la Resolución 16 del 7 de julio de 2026, firmada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Dagoberto Alvarado, en la que se solicita la aprehensión de 19 personas (entre funcionarios de la DGI, abogados y testaferros) vinculadas a la red.
En total, la fiscalía calcula que la red ocasionó una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones, entre 2022 y mayo de 2025. El 93% de las cesiones tuvo como beneficiario final a Bac International Bank Inc., según consta en un informe del 9 de octubre de 2025, que recoge los resultados de la auditoría interna.
Aún no se sabe si la DGI notificó lo sucedido a alguna de las empresas afectadas o si estas ya conocían que sus créditos fiscales habían sido “anulados”. No consta que alguna de ellas haya emprendido acciones legales, aunque sí hubo una sociedad que, mucho antes, presentó una denuncia administrativa y hoy se ha adherido a la causa penal que adelanta la fiscalía como querellante.
Se trata de una sociedad que se encuentra vigente, llamada Krishel Investment, Inc.
Así se manipularon los datos
El apoderado de Krishel es Jorge Luis Díaz Núñez; su agente residente es la firma Vallarino, Vallarino y García Marítano, según la información que reposa en el Registro Público. Pero en la DGI consta otra cosa: como “contacto” aparece anotado un número telefónico que pertenece al abogado Jercovick Joyner, de Apriori Abogados y Asesores. Apriori figura como agente residente de Bonay International Holding, S.A. y Bonay International Investments Inc., dos sociedades utilizadas por la red como “intermediarias” en la cesión de los créditos fiscales que fueron adquiridos por Bac International Bank.
Lo sucedido con Krishel describe parte del modus operandi de la red: un funcionario de la DGI, utilizando su clave de usuario, ingresó al sistema y modificó los principales datos del contribuyente, como el correo electrónico y el nombre del representante legal. De ese modo, cuando el impostor solicitó la cesión de “su” crédito fiscal, el sistema e-Tax 2.0 le envió una notificación del inicio del trámite y del número del caso a su correo electrónico, ahora asociado a ese RUC, y no al contacto legítimo designado por el verdadero contribuyente (que seguramente ni se enteró de lo ocurrido).
La auditoría interna de la DGI encontró una constante en los nombres de los nuevos representantes legales, contactos y correos electrónicos de los contribuyentes afectados. También se repetían los nombres de los funcionarios de la DGI que realizaron los cambios, así como los de las sociedades “intermediarias”.
Una metodología poco sofisticada para una red acusada de haber ocasionado una lesión patrimonial de $40 millones. Y todo se hizo simplemente manipulando la información almacenada en el e-Tax 2.0.
La auditoría interna de la DGI determinó que estas cesiones son “improcedentes e ilegítimas”, ya que no fueron sometidas a un proceso de revisión y supervisión de las instancias competentes. Tampoco hay evidencias de que fueran autorizadas a través de una resolución motivada por el director de la DGI. En el periodo investigado hubo dos: Publio De Gracia (2019-2024) y Camilo Valdés, que ocupa el cargo desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha. Que se sepa, la fiscalía no está buscando a De Gracia y, en cuanto a Valdés, la DGI se ha constituido en querellante de la causa penal.
La trazabilidad de cada cesión fue documentada por los peritos de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que estuvieron en la DGI entre el 17 de marzo y el 21 de mayo de 2026, revisando el sistema e-Tax 2.0. Los resultados de estas diligencias de inspección ocular permitieron comprender la metodología utilizada por la red, así como los roles y usuarios involucrados en las cesiones irregulares de los créditos fiscales.
El Citibank y los otros afectados
De los ocho contribuyentes afectados arriba listados, el mayor monto corresponde a Citibank Overseas Investment Corporation, una sociedad estadounidense que es subsidiaria de Citibank, N.A.
El representante legal de Citibank Overseas es Michael Brisogne. Pero en la DGI, la funcionaria Catherine Aguirre, una gestora de cobros que devengaba un salario mensual de $750, eliminó el nombre de Brisogne y, en su lugar, anotó el de Dagoberto Segundo Díaz.
Posteriormente, Díaz, actuando como “representante legal” de Citibank Overseas, presentó a la DGI un “mutuo acuerdo” que firmó con José Miguel Jurado Rovira, de Servicios de Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside, y con Héctor Luna Ambulo, de OMD Centro América, para el traspaso de créditos fiscales por un monto total de $14.8 millones. El trámite lo realizó otra funcionaria, compinche de Catherine Aguirre, llamada Betzy Rodríguez Alvarado. Toda la transacción fue autorizada por Eduardo Silvestre, jefe del Departamento de Cuenta Corriente de la DGI. Pero, antes de que esta se completara, Dagoberto Díaz solicitó una “corrección” para que, del monto total, se le traspasaran $2 millones a Bonay International Investments.
Esta misma metodología se utilizó para apropiarse de los créditos fiscales de Thunderbird Resorts Inc. ($2.3 millones), Inchape Inversiones España S.L. ($1 millón), Consalfa S.A.S. ($1.8 millones), Leemart Property Ltd. ($701,104), National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh ($96,135), The Shell Co. W. Limited ($1.7 millones) y Enel Investment Holding B.V. ($8 millones).
La red utilizaba siempre la misma lista de sociedades intermediarias para traspasar los créditos: Inmobiliaria Riverside, S.A. y Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., cuyo representante legal es José Miguel Jurado Rovira; La Naranja BP, S.A., de Dídimo Rodríguez Ayala; Master Eco Green, S.A., representada por Karen Pitty, y Bonay Int. Investments Inc. y Bonay International Holding, S.A., cuyo representante legal es Cira Elizabeth Marín.
Todos ellos (Karen Pitty, Cira Marín, Jercovick Joyner, Héctor Luna, Catherine Aguirre...) fueron aprehendidos la semana pasada como parte de la operación Pandora. Jurado se entregó voluntariamente el pasado jueves. Eduardo Silvestre y Betzy Rodríguez también están imputados, pero están colaborando con la fiscalía, aunque ninguno tiene un acuerdo validado por un juez.
Otros, como Dídimo Rodríguez, Dagoberto Segundo Díaz y Renpe Dechamps, no han sido localizados.
