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Jueces en el exilio realizan audiencia contra presidente Maduro

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La fiscal general venezolana destituida, Luisa Ortega, aseguró que Maduro tener evidencias de que Maduro le pidió a la constructora brasilera 50 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en el 2013. La fiscal general venezolana destituida, Luisa Ortega, aseguró que Maduro tener evidencias de que Maduro le pidió a la constructora brasilera 50 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en el 2013.
La fiscal general venezolana destituida, Luisa Ortega, aseguró que Maduro tener evidencias de que Maduro le pidió a la constructora brasilera 50 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en el 2013. AP/Fernando Vergara

Un grupo de jueces venezolanos en el exilio se reunió en la capital colombiana el martes para escuchar denuncias sobre presuntos actos de corrupción contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en un acto más que todo simbólico.

El panel de juristas -conocido como el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en el Exilio- sesionó en un elegante salón del congreso colombiano en donde Luisa Ortega, la fiscal general venezolana destituida de su cargo el año pasado, acusó a Maduro de tener nexos con la constructora brasilera Odebrecht, una empresa mundialmente conocida por sobornar a políticos en varios países de la Latinoamérica.

A Maduro se le asignó un defensor público pero éste dijo que no pudo hablar con el mandatario socialista, cuyo gobierno desconoce este tribunal de jueces exiliados. De todas maneras, la audiencia procedió según los reglamentos establecidos en la constitución de Venezuela, con la fiscal y el defensor exponiendo sus argumentos frente a un panel de 13 jueces.

La fiscal Ortega dijo tener evidencias de que Maduro le pidió a la constructora brasilera 50 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en el 2013. Agregó que a cambio de esa ayuda, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.

“La prioridad de Maduro no fue la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Venezuela”, dijo la fiscal en su exposición. “La prioridad para él fue pagar (a Odebrecht) obras inconclusas y paralizadas”.

Ortega también dijo tener testimonios de asesores políticos brasileños que aseguran haber recibido millones de dólares de Maduro, a veces en maletines repletos de billetes estadounidenses.

La fiscal destituida, quien por años tuvo acceso a material clasificado, también aseguró que ha podido trazar pagos realizados por Odebrecht a cuentas controladas por aliados de Maduro en paraísos fiscales.

La fiscal pidió a la corte que enjuiciara a Maduro a la distancia por corrupción y lavado de dinero. Los jueces exiliados han dicho que revisarán las pruebas presentadas en contra del presidente en la audiencia para determinar si existen méritos para proceder a un juicio.

El Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio está compuesto por 33 juristas que fueron nominados al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el año pasado por la Asamblea Nacional de ese país, que actualmente está controlada por partidos opositores. Maduro acusó a los juristas de cometer actos de traición con el argumento de que intentaron suplantar ilegalmente a un grupo de jueces que su gobierno había nominado al tribunal supremo, cuando contaba con la mayoría parlamentaria en el 2015.

Los jueces nominados el año pasado nunca pudieron ejercer sus cargos en Venezuela ya que el Tribunal Supremo de Justicia Venezuela declaró en desacató al Legislativo en una sentencia y en consecuencia consideró nulos todos sus actos.

Tras ser juramentados contrariando el dictamen, los magistrados fueron forzados a huir del país para evitar ser encarcelados por el gobierno de Maduro.

Ahora, el grupo de magistrados exiliados se encuentran repartidos en varios países de la región, incluyendo Colombia, Chile, Panamá y Estados Unidos, donde vive el presidente del tribunal.

Se reúnen con frecuencia por Skype y ya han elaborado decisiones sobre otros asuntos del país, incluyendo una orden que exige al gobierno venezolano aceptar la ayuda internacional humanitaria y otra resolución que exige que el gobierno deje de emitir el Petro, una cripto moneda que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Maduro ha ignorado todas las órdenes del tribunal de jueces exiliados. Y aunque la mayoría de países de la región ha permitido que los jueces realicen eventos y conferencias en su territorio, tampoco han dado su reconocimiento explícito al tribunal. Sin embargo, el Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, una entidad cuyo secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.

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