CHITRÉ, Herrera.- El comité Salvemos el río La Villa pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita las respectivas recomendaciones al Estado panameño para que tome las medidas de reparación y restauración necesarias y proceda con la debida diligencia a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos.
El comité Salvemos el río La Villa llevó a la CIDH la crisis vivida en Azuero, tras la contaminación del río La Villa con atrazina.
Durante la audiencia celebrada en el Distrito Federal de México, Reynaldo García, en representación del Comité, destacó que el Estado debe investigar las presuntas violaciones al derecho humano, a un ambiente sano y a la salud, consagrado en el artículo 11 y en el artículo 10 del protocolo de San Salvador, respectivamente.
García hizo énfasis en que el río La Villa es la principal y única fuente hídrica de la cual se potabiliza agua para los distritos de Chitré, en la provincia de Herrera, y las ciudades de La Villa, Las Tablas y Guararé en la provincia de Los Santos, los cuales suman aproximadamente 150 mil personas.
El representante del Comité destacó que la declaración de Estocolmo de 1972 explica que “Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias, a la liberación de calor en cantidades o concentraciones, que el medio ambiente no puede neutralizarlas para que no causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación”.
El 24 de junio de 2014 las muestras colectadas en el río La Villa arrojaron que existían niveles del plaguicida conocido como “atrazina” en una medida de 10 partes por billón en el río, conforme a lo aportado por el Instituto de Medicina Legal en el informe del Laboratorio de Toxicología Forense y que consta en el expediente penal.
La jueza de Garantías de la provincia de Herrera ordenó una diligencia de allanamiento y registro en el ingenio Campos de Pesé, S.A., el 28 de junio de 2014, la cual arrojó como resultados químicos que existían 4 mil 983 partes por billón de atrazina, correspondiente a la muestra no. 1 del área de vertimiento. También se constató que en el drenaje de la empresa, que desemboca en la Quebrada Pesé (afluente del río La Villa) la muestra arrojó 2,131 partes por billón de atrazina en el agua.
“Por ello, si una actividad supone riesgos previsibles y evitables el Estado panameño tiene la obligación de prevenir la violación de derechos humanos”, puntualizó.