Antai solicitó información

ACP responde por las asistencias de Corcione y Mizrachi, pero no sobre la situación de Castillo

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En el orden usual: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo. En el orden usual: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo.
En el orden usual: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo. LA PRENSA/Archivo

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi tienen casi siete y nueve meses, respectivamente, de no acudir a reuniones de junta directiva –ordinaria o extraordinaria-, juntas asesoras o comités de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), informó la propia entidad en una nota que envió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), el pasado 2 de marzo.

Se desconoce el paradero de Corcione y Mizrachi; ambos tienen orden de detención a solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, como parte de la investigación del denominado caso New Business, sobre el supuesto uso de fondos públicos para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el gobierno pasado.

La Antai, a través de su directora Angélica Maytín, había solicitado la información sobre las inasistencias de Corcione y Mizrachi. Roberto Roy, presidente de la junta directiva de la ACP, respondió que la última participación de Corcione fue el 10 de agosto de  2017, en una reunión del comité de modernización y ampliación. Mizrachi, en tanto, fue visto por última vez el 19 de junio pasado, en un encuentro del comité de finanzas.

Corcione es miembro de la junta directiva de la ACP desde marzo de 2010 y Mizrachi, desde febrero de 2013.

Roy también respondió a Maytín sobre Lourdes Castillo, también integrante de la junta directiva de la ACP, a quien la Antai investiga administrativamente por sus vínculos con Pele System, Inc., sociedad que en el gobierno pasado obtuvo un contrato por $22.1 millones con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para inspeccionar los barcos de la marina mercante.

Maytín alegó que la Constitución y la ley le atribuyen a la junta directiva de la ACP conocer los posibles conflictos de intereses que surjan entre la entidad y sus miembros, “tal como se presume ocurre en la presente causa, interpretado en un sentido administrativo y no penal”.

Igualmente, la funcionaria recordó a Roy que el reglamento interno del fiscalizador general de la ACP le confiere a este la facultad de llevar a cabo investigaciones y auditorías solicitadas por la junta directiva, el administrador o el subadministrador, “así como informar sus resultados a la junta directiva, recomendando las acciones correctivas correspondientes”.

Más información en la edición impresa del diario La Prensa del jueves 8 de marzo de 2018...

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