TRES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACP

Henri Mizrachi, Nicolás Corcione y Lourdes Castillo, bajo la lupa de la Antai

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De Izq. a Der.: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo. De Izq. a Der.: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo.
De Izq. a Der.: Nicolás Corcione, Henri Mizrachi y Lourdes Castillo. LA PRENSA/Archivo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicitó un informe de las asistencias a las reuniones de dos miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Se trata de Henri M. Mizrachi K. y Nicolás Corcione, ambos con orden de detención por solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, por el denominado caso New Business.

La petición consta en una nota que dirigió la directora general de la Antai, Angélica Maytín, al presidente de la ACP, Roberto Roy, en la que solicita conocer sobre las participaciones de ambos en el periodo comprendido entre el año 2015 hasta la actualidad.

Esta diligencia se suma a la investigación que, de igual forma, adelanta Antai sobre Lourdes Castillo, también integrante de la directiva de la ACP, por sus vínculos con la empresa  Pele System, Inc., empresa que en el gobierno pasado obtuvo el contrato con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para inspeccionar los barcos de la marina mercante.

Con relación a Mizrachi y Corcione, la misiva fue enviada el 5 de febrero pasado y recibida un día después por la Secretaría de la junta directiva del Canal de Panamá.

Carta que dirigió a Angélica Maytín a Roberto Roy. Expandir Imagen
Carta que dirigió a Angélica Maytín a Roberto Roy.

En la nota, Maytín indica que su intención es dar seguimiento a las comunicaciones enviadas –en enero pasado– a Roy -con copia al presidente Juan Carlos Varela- en las que solicitó la remoción de ambos directores "debido a los procesos legales que mantienen, versus sus ejecutorías dentro de la junta directiva de la autoridad que usted preside, por el incumplimiento de los principios de ética personal y profesional".

Desde el año pasado, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a la Interpol la difusión de una alerta roja, con fines de detención, para Mizrachi y Corcione, investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con transacciones para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos estatales.

La medida, solicitada por el fiscal David Mendoza, está sustentada porque los dos directivos de la ACP no han comparecido al proceso y además tienen informes de que están fuera del país.

Corcione tomó posesión como directivo de la ACP el 23 de marzo de 2010, mientras que Mizrachi lo hizo el 19 de febrero de 2013. Ambos fueron nombrados por el entonces presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

El numeral 2 del artículo 13 del reglamento interno de la junta directiva de la ACP señala, entre otras funciones de los directores, "participar en los debates de las reuniones". Según reportes de la ACP, la última vez que Mizrachi asistió a una reunión fue el 19 de junio de 2017, mientras que Corcione, el 10 de agosto último

CASO LOURDES CASTILLO

La directora de la Antai lleva a cabo una investigación a Castillo por su vínculos con Pele System Inc., empresa que obtuvo en el gobierno pasado un contrato por $22.1 millones con la AMP para inspeccionar los barcos de la marina mercante y que fue objeto de investigación por supuestos sobrecostos por la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

Así consta en la nota que enviara Maytín a Roy el 6 de febrero pasado, donde indica lo siguiente: "Tenemos a bien solicitarle, como responsable de la junta directiva de la ACP, instruir el procedimiento administrativo correspondiente, con la finalidad de verificar los hechos señalados en la presente denuncia, ya que los mismos podrían resultar atentatorios a las normas penales enmarcadas en los delitos contra la administración pública, inclusive”.

Agrega que "le solicitamos nos haga llegar un informe del resultado de las acciones que tome su despacho, a fin de poder completar, asimismo, el examen administrativo que realiza esta autoridad”.

El Juzgado Decimoprimero Penal, en un fallo del 11 de enero de 2017, dictó un sobreseimiento provisional impersonal en la investigación originada a raíz de la denuncia por supuestos sobrecostos en el contrato de Pele System, Inc. y la AMP. El sobreseimiento se dictó en espera de una auditoría de la Contraloría General de la República en este proceso.

Castillo ha negado que los pagos fueran coimas.

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