El magistrado José Ayú Prado fue designado ponente del amparo de garantías constitucionales que interpuso la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, contra la resolución de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que la sancionó por entregar de forma “incompleta e inexacta” la planilla 080 de los diputados.
La planilla 080, cuyo pago fue suspendido desde junio pasado por la Contraloría General de la República, contiene el personal de confianza de los diputados de la AN, contratados a través de una asignación que subió de $4 mil a $30 mil mensuales para cada diputado.
La sanción contra Ábrego dictada por la Antai, a cargo de Angélica Maytín, está contenida en la resolución N° DS-3937-18 del 10 de agosto de 2018.
Aunque se desconoce la cuantía de la sanción impuesta a la presidenta del Órgano Legislativo, el artículo 40 de la Ley 33 de 2013, de la Antai, dice que la entidad podrá aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe el incumplimiento de la Ley de Transparencia.
A su vez, el artículo 20 de la Ley 6 de Transparencia indica que “el funcionario requerido por el Tribunal que conoce del recurso de habeas data, que incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga. En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con la destitución del cargo”.
Ante una consulta efectuada por la Antai, el procurador de la Administración, Rigoberto González, señaló el 1 de junio pasado que la presidenta de la Asamblea es una servidora pública y por lo tanto la autoridad de transparencia sí la puede sancionar.
[Lea: Procurador: La Antai sí puede sancionar a Yanibel Ábrego]
La Antai recurrió a la Procuraduría de la Administración, debido a que Ábrego es diputada y la Ley 33 de 2013 no especifica a qué servidor público se le puede sancionar y a cuál no.
Planilla incompleta
La directora de la Antai informó el 26 de abril pasado a la diputada Ábrego que, si bien recibió copia autenticada de la planilla 080 que publicó la AN, a la documentación le faltó el estatus de cada funcionario que aparece en la lista, así como información sobre las labores que cada uno realiza.
Ese mismo día, Ábrego publicó la planilla 080 en la página web de la AN; sin embargo, en las 248 páginas divulgadas solamente se detalló el número de posición, nombre, apellido, cédula, salario y cargo de cada beneficiado, pero no se informó quién es el diputado que lo contrató y cuáles son las funciones que desempeña la persona contratada.
Luego, el 26 de junio pasado, Maytín comunicó a Ábrego que la Antai le abrió un proceso administrativo sancionador por publicar información “inexacta e incompleta” sobre la planilla 080.
[Lea: Antai abre proceso a Yanibel Ábrego por falta de transparencia]
El proceso culminó, como ya se informó, con una sanción a la presidenta del Órgano Legislativo.
Otro proceso
Por otra parte, la Antai sigue otro proceso administrativo sancionador contra Ábrego por no entregar información relacionada con el personal adscrito a las planillas 172, 04 y 02 de los diputados
“El proceso de la otra solicitud de las planillas 02, 04 y 172 va por el mismo camino [que el de la 080], ya que nunca respondieron. Aunque enviaron una nota y pidieron prórroga, pasó el tiempo y no la enviaron”, informó la Antai.
El 1 de agosto pasado, Ábrego pidió una prórroga de un mes a la Antai para entregar la información sobre las planillas, pero el 31 de agosto pasado se cumplió el término de dicha extensión y la diputada no cumplió.
A raíz de ello, a partir del 1 de septiembre pasado la Antai abrió el proceso, por lo cual Ábrego podría recibir otra sanción de la entidad por no dar información de las planillas 172, 04 y 02.
El contralor Federico Humbert mantiene suspendido el pago de las planillas 02, 172 y 04 por irregularidades encontradas.
La planilla 04 es utilizada para nombrar el personal transitorio para inversiones, mientras que la 02 para personal transitorio. Ambas sumaron unos $18 millones entre 2014 y 2018. En tanto, la planilla 172 se usa para contratos por servicios profesionales.