La jueza de garantías Janina Mosquera desestimó una petición para cambiar la detención provisional impuesta a José Antonio Villarreal, acusado de ser el brazo operativo de una red criminal que operaba en Los Santos y que fue desmantelada por el Ministerio Público el pasado 25 de septiembre, en una operación conocida como El Gallero.
Según la jueza, el abogado de Villarreal, Benito Mojica, no aportó evidencias nuevas que desvinculen a su cliente de los cargos que se le imputan por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.
Durante una audiencia celebrada ayer, la jueza concluyó que al tratarse de un acto por la supuesta violación de las garantías constitucionales del imputado, la defensa de este debió aportar elementos de convicción nuevos que evidenciaran su desvinculación con el caso.
En ese contexto, Mosquera confirmó la detención de Villarreal, ordenada por la fiscalía el 26 de septiembre y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el 10 de este mes.
En su alegato, Mojica presentó una certificación del Registro Público en la que se confirma que Villarreal no posee propiedad alguna en Chumajal de Los Santos, donde se hallaron 900 kilos de cocaína.
Mojica también dijo que en la investigación a su cliente no se le han decomisado carros lujosos ni apartamentos, y tampoco se le ubicaron grandes sumas de dinero, por lo que estos hechos lo desvinculaban del caso.
En tanto, el fiscal de Drogas Markel Mora aseguró que tienen conversaciones telefónicas –interceptadas previa autorización de la Corte Suprema de Justicia– que vinculan al imputado con el tráfico de drogas, procedentes de Colombia.
Además, en la audiencia se accedió a una petición del imputado Alberto Luis Chávez Chen, para que se le permita a su abogado ingresar al bar Don Beto en La Villa de Los Santos –cautelado por la fiscalía– a fin de obtener documentos para su defensa.