Por segundo día consecutivo, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, hizo un llamado al presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, para que presente la denuncia por la grabación de una conversación suya que, según la funcionaria, es usada para chantajearlo.
“El magistrado Hernán De León tiene una responsabilidad. Él tiene que presentar una denuncia, porque él me contó a mí que lo grabaron. Él tiene que cumplir su rol de servidor público, como lo estoy haciendo yo”, dijo Porcell a su salida ayer de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP), en la que interpuso una denuncia para que se investigue lo que le narró el magistrado en su despacho.
“Yo no se qué está pasando, porque el magistrado De León es quien sabe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo se dio el hecho, porque él fue el que me dijo: ‘me grabaron, me grabaron”, añadió.
“Él tiene que venir a declarar, tiene que venir a hacer su denuncia. Como servidor público responsable y dirigiendo un órgano de poder, como es el Órgano Judicial, que él presente su denuncia”, reiteró.
El lunes pasado, Porcell informó al país que De León fue a su despacho el 30 de julio pasado, para decirle que lo habían grabado y que se trata de un caso en el que hay unas 5 mil personas pinchadas. Además, le dijo que, producto de esa grabación, lo estarían presionando para “tumbar” el caso de Martinelli en la CSJ.
Pero en un comunicado divulgado el lunes, De León negó cualquier tipo de presión en su contra. Y tras la reiteración de la procuradora ayer, el magistrado no hizo comentarios.
Nuevos aportes
Porcell dijo que le narró al fiscal de atención primaria, Julio Villarreal, todo lo que le contó el magistrado y que, además, aportó la lista de las personas que vieron cuando De León ingresó a su despacho aquel día.
También precisó que le entregó al fiscal los chats de su teléfono, en los que el magistrado le pedía la reunión.
Indicó que la denuncia es por la posible comisión de delitos contra el derecho a la intimidad del magistrado De León y “otras personas”.
Señaló que corresponderá a la fiscalía decidir “si compulsa copias a otro órgano” del Estado.
Porcell fue acompañada a la fiscalía por Rolando Rodríguez Cedeño y David Díaz, secretario y subsecretario general del Ministerio Público, respectivamente.
El delito no es privado
Frente los señalamientos que De León hizo en el comunicado divulgado el lunes, respecto a que lo conversado con Porcell fue en el marco de una reunión privada, la procuradora respondió: “Cuando te visita un magistrado de la Corte Suprema para contarte hechos que pueden considerarse delitos, no se trata de una conversación entre amigos”.
Porcell explicó que luego de que sostuvo la reunión con De León salió del país a un evento oficial y a su regreso escuchó unas declaraciones que dio el viernes pasado en Boquete, Chiriquí, en las que negó ser objeto de presión.
Según la jefa del MP, “ahí me di cuenta de que él [De León] no iba a presentar la denuncia. Por eso decidí informarlo al país” el lunes pasado.
Víctimas apoyan
Las víctimas y querellantes de las escuchas también advirtieron que el magistrado Hernán De León tiene el deber cívico de presentar la denuncia.
Además, señalaron que debe poner en conocimiento a las autoridades legalmente constituidas sobre la grabación de que fue objeto que le fue enseñada por un amigo suyo.
Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos, expresó que el magistrado debe declarar en qué consiste esa grabación, cómo la obtuvo y quién las realizó, si lo sabe.
“Debe proceder en un plazo no mayor de 24 horas ... si él [De León] no hace esa denuncia dentro de ese plazo, él está obligado a separarse, junto con los otros magistrados que él involucró en su denuncia”, destacó Herrera Morán.
De León, según la procuradora, dijo que los magistrados Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) están a favor de “tumbar” el caso de Martinelli.
Por su parte, la excandidata presidencial del PRD Balbina Herrera dijo que las declaraciones de Porcell son impactantes y se le debe dar un serio seguimiento, porque no cree que la procuradora le esté mintiendo al país.
Mitchell Doens, otro de los querellantes en el proceso seguido a Martinelli, advirtió que no descarta que el exmandatario estaría utilizando todos los “recursos” para presionar a los magistrados.
Martinelli niega todo
Sidney Sittón, jefe del equipo legal de Ricardo Martinelli, señaló que, tras conocer los hechos narrados por De León, la procuradora Porcell debió ordenar una investigación de oficio y no haber hecho pública su conversación con el magistrado.
Sittón leyó lo que afirmó era un manuscrito de Martinelli –detenido en la cárcel El Renacer desde el 11 de junio pasado–, en el que señala: “No tengo nada que ver entre la procuradora Kenia Porcell y el magistrado Hernán De León, pero creo que esto debe ventilarse”.
“Este caso [de los pinchazos] está lleno de nulidades y pruebas de que el director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, y Kenia Porcell fueron quienes planearon esto y que si hay justicia se debe tumbar este caso”, dice la misiva.
La paciencia se agotó
Las declaraciones de la procuradora Porcell han dejado en evidencia “una profunda crisis en la administración de justicia panameña y el deterioro institucional en el que están inmersos los tres órganos del Estado, que afecta la estabilidad del país y el Estado de Derecho”, indicó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en un comunicado al país.
Mientras, la Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió la creación de una “comisión internacional contra la impunidad” que investigue los “graves” señalamientos de Porcell y solicitó la renuncia de De León como presidente, “hasta tanto se esclarezca la denuncia realizada por la procuradora”.
Por su parte, el Movimiento Independiente señaló que “todo intento de presión, soborno o extorsión debe ser denunciado inmediatamente ante las autoridades competentes. Con la justicia no se juega”.
“La paciencia nacional se agotó, por lo que, en los próximos días, el sector empresarial en su conjunto estará proponiendo acciones puntuales para mejorar nuestra administración de justicia,” señaló Gabriel Barletta, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
Tras las declaraciones de la procuradora Porcell, la Cciap señaló que exige se den las investigaciones pertinentes dentro del Estado de derecho y el debido proceso, “dado que avanzamos peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad”.
En tanto, el expresidente de Apede Enrique De Obarrio anunció que solicitará al presidente Consejo de la Concertación Nacional –el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles– que convoque a una reunión extraordinaria para analizar la crisis.
