La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, recomendó a la Corte Suprema de Justicia el 2 de diciembre de 2016 declarar “inconstitucional” el decreto de la Contraloría General de la República 441-2016- DMySC del 25 de octubre de 2016, que establece los requisitos y mecanismos de control a la Asamblea Nacional para la entrega de apoyos, donativos o subsidios a personas naturales y oenegés.
La recomendación de Porcell se dio a solicitud del pleno de la Corte, luego de que el abogado Ernesto Cedeño interpusiera una demanda de inconstitucionalidad contra dicho decreto.
La procuradora considera que lo que sustenta el demandante es “certero”, porque la aprobación de estos requisitos para que la Asamblea entregue donativos y subsidios “no tiene asidero jurídico en la normativa legal”.
Destacó que existen instituciones que fueron creadas especialmente para entregar subsidios y donativos, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Lotería Nacional de Beneficencia, Zona Libre de Colón, Alcaldía de Panamá, Ministerio de Salud, Despacho de la Primera Dama, entre otros.
Opinión parecida ha dado el procurador general de la Administración, Rigoberto González, quien afirma que el manejo de donaciones por parte de los diputados es “inconstitucional a toda costa”. Precisamente, el próximo martes la Corte discutirá en un pleno extraordinario la demanda de Cedeño.
El tema debió discutirse el pasado jueves 9 de marzo, pero la reunión no se efectuó, porque el magistrado Cecilio Cedalise, que tiene la ponencia del caso, presentó una incapacidad médica.