“El Ministerio Público de la República Federativa de Brasil logró establecer a través de una investigación que Mossack Fonseca (MF) era una organización criminal que ocultó dinero procedente de actos de corrupción en ese país sudamericano”.
Lo anterior fue señalado por el fiscal especial contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, en un video que difundió en la tarde de ayer el Ministerio Público (MP), para sustentar los allanamientos, conducciones y detenciones ordenadas el pasado martes, como parte de la investigación que busca establecer los posibles nexos de la firma Mossack Fonseca y el manejo de dinero “de procedencia ilícita” de Brasil, caso conocido como Lava Jato.
El fiscal señaló en el video que en la investigación también se estableció que desde MF en Panamá presuntamente operaba un “grupo gerencial” que “controlaba y supervisaba” las operaciones de MF en Brasil.
De acuerdo con el fiscal, las investigaciones de las autoridades brasileñas indican que supuestamente MF conocía el presunto uso ilícito de las sociedades que eran vendidas por MF de Brasil.
El funcionario aclaró que los abogados no han sido imputados en esta investigación por realizar actos libres de la profesión, “sino porque se han creado estructuras para ocultar bienes provenientes de un ilícito”.
La fiscalía ordenó el martes pasado la detención de los abogados Carlos Sousa Lennox, Rubén Hernández, Katia Solano, Maribel Robles, Josette Roquebert, Ernesto González y Luis Martínez.
La fiscalía no ha podido ubicar a Sara Montenegro y a Sandra Cornejo; mientras que el abogado Ramsés Owens no pudo ser indagado por encontrarse convaleciente en su residencia, tras una reciente intervención quirúrgica.
Todos los nombrados fueron imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
En este proceso también están vinculados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados; así como Edison Teano y María Mercedes Riaño, quien era la encargada de la firma en Brasil.
Estos últimos tienen impedimento de salida del país, tras ser beneficiados con fianzas de excarcelación avaladas por el Juzgado Decimoctavo Penal.
La firma panameña, que cerró operaciones a nivel mundial en marzo pasado, ha negado cualquier conexión con la trama de corrupción Lava Jato.