El exrector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, fue llamado a juicio por el Juzgado Decimocuarto Penal por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de esa casa de estudios, a raíz de un contrato de arrendamiento de tres globos de terrenos en Tocumen a la sociedad Consorcio Pacífico Atlántico.
En sus consideraciones, la jueza Vilma Urieta establece que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República detalla que a la UP le correspondía en concepto de arrendamiento la suma de $20 millones, en un lapso de 40 años, pero que en la investigación se acreditó que la universidad no recibiría la totalidad de ese monto y que solo se le entregaría el 50% de esa cantidad.
El fallo detalla que se dieron anomalías, entre las que se encuentra la inexistencia de un cálculo de porcentaje de incremento anual de los avalúos, que se debió solicitar a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas.
La jueza menciona como prueba el hecho de que entre 2010 y 2016 la UP recibió en concepto de alquiler la suma de $2.3 millones, cuando debió percibir $10.8 millones.
Además, señala Urieta, se violó la ley de contrataciones públicas.
Por su parte, el abogado de García de Paredes, Carlos Carrillo, presentó un amparo de garantías contra el auto de llamamiento a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Urieta también llamó a juicio al exdirector de Servicios Administrativos de la UP, Adrián Cuevas, y dictó un sobreseimiento provisional a favor de Vicente Archibold, José Pinzón, José Humberto Santos y María del Pilar Castañón, por falta de pruebas.