La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) blindó la ampliación de la ruta con un contrato en el que distribuyó riesgos y responsabilidades.
Así lo aseguró el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, quien insistió en ceñirse a este documento ante cualquier reclamo por parte de Grupos Unidos por el Canal (GUPC).
El mayor contratista de la ACP amenazó con detener la obra por problemas financieros y sobrecostos por el orden de mil 600 millones de dólares que reclama a la ACP.
El 30 de diciembre, GUPC presentó un preaviso en el que advierte que no puede continuar la obra. A partir de la notificación, la ACP tiene 21 días para atender esta solicitud. Este período vence en 16 días, lo que dificulta llegar a un acuerdo si las partes mantienen su posición.
La ACP destaca que no puede aceptar una solicitud de dinero si no ha pasado por las etapas estipuladas en el contrato, y GUPC quiere que se pacte un acuerdo basado en el contrato, pero también bajo las leyes panameñas, que en este caso no aplican.
Ayer, el presidente, Ricardo Martinelli, apoyó la posición de la ACP.
El mandatario anunció que viajará a España e Italia, países de origen de algunas de las empresas que integran GUPC, para exigir que se cumpla el contrato.
En tanto, ahora salen a relucir aparentes inconsistencias por parte del consorcio contratista.
