PECULADO

Juez Loaiza anula tres casos de alto perfil

Juez Loaiza anula tres casos de alto perfil
Polémico juez.

El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, anuló y ordenó ayer el archivo de tres presuntos casos contra la administración pública en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado: el del programa Piso y Techo, el de la compra de granos y el del alquiler de helicópteros.

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Según la Contraloría General de la República, en los tres procesos hubo una posible lesión patrimonial de más de $23 millones.

Loaiza adujo violaciones al debido proceso. Suman 36 los beneficiados.

En el caso Piso y Techo, anuló lo concerniente al comerciante Juan Carlos Marciaga, al ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, y al exjefe de compras del PAN Abraham Williams.

También favoreció a Mónica Rodríguez y Milva Chan Almengor de Gómez al anular el caso del alquiler de helicópteros.

En cuanto al caso por la compra de granos, anuló lo inherente a 31 personas, incluyendo a Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

Juez Loaiza anula otros tres casos del PAN

Por considerar que se violó el debido proceso, el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dictó ayer cuatro resoluciones con las que anuló 3 procesos seguidos a 36 personas por posibles afectaciones al patrimonio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Se trata de los procesos por supuestas anomalías en el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda, en la compra de granos y en el alquiler de helicópteros.

Piso y Techo

A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del Órgano Judicial detalló que Loaiza dictó ayer el auto vario No. 219, mediante el cual declaró la nulidad relativa del proceso denominado Piso y Techo, seguido al comerciante Juan Carlos Marciaga Parada y al ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli Adolfo Chichi De Obarrio.

Según la nota, la nulidad se decreta de la página 18,995 del tomo 36, a la página 22,753 del tomo 41. Esto incluye una resolución del 1 de junio de 2016, por la cual la Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó la indagatoria de Marciaga y de Chichi De Obarrio.

Loaiza dictó su decisión, tras admitir un incidente de nulidad interpuesto por el abogado Rolando Rodríguez, en representación de Marciaga.

Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó en $1.5 millones la posible lesión patrimonial al Estado en el caso de Piso y Techo, un programa de vivienda de interés social ejecutado entre 2012 y 2014, en el gobierno pasado, por la entonces ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Yasmina Pimentel.

Marciaga figura como firmante en las cuentas de las empresas Orofil, S.A., Turmark Company, S.A., Grupo H R&R, S.A., Mister Rooster Corporation, S.A., Inversiones J.B.K., S.A., Econobásicos Internacional, S.A., Panamá Group Siulang, Inc., y Red Holding International, S.A., que obtuvieron buena parte de los contratos del programa.

De Obarrio, quien nunca compareció al proceso y cuyo paradero se desconoce, es señalado por la fiscalía como la persona que decidía a quién se le otorgaban los contratos.

En este mismo proceso, el juez dictó la resolución No. 221, con la que también anuló y ordenó el archivo del caso Piso y Techo seguido a Abraham Williams, exjefe de compras del PAN.

Declaró nula la indagatoria a Williams, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción el 1 de junio de 2016.

Williams estuvo prófugo por más de tres años. En octubre de 2018, fue aprehendido en Costa Rica por la Interpol y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

En noviembre pasado, Loaiza lo benefició con una fianza de excarcelación de $50 mil. El juez argumentó que Williams había sido testigo protegido en varios casos del PAN.

Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, señaló a Williams como su “mano derecha” en las licitaciones que adjudicaba la entidad.

Juez Loaiza anula tres casos de alto perfil
Polémico juez.

Caso helicópteros

Loaiza también firmó el auto vario No. 220 que declaró nulo y archivó el proceso seguido a Gabriela Rodríguez González y Milva Josefa Chang Almengor de Gómez por el alquiler de helicópteros para sobrevuelos con fondos del PAN.

El juez anuló la indagatoria de ambas investigadas y ordenó el archivo de este sumario instruido por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

Loaiza concluyó que la resolución mediante la cual se ordenó la indagatoria de ambas imputadas violó el debido proceso.

Dictó su fallo, tras acoger una incidente de nulidad interpuesto por el abogado Armando Fuentes, en representación de las dos.

Rodríguez y Almengor figuraban entre las 25 personas para quienes la fiscalía pidió llamamiento a juicio por este caso.

La Contraloría determinó que hubo una presunta lesión patrimonial de $10.1 millones al Estado en el alquiler de los helicópteros.

En noviembre pasado, Loaiza ya había excluido de este proceso a los exministros de Salud Franklin Vergara Jaén y Javier Díaz, y de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio Casal.

En aquella ocasión, también benefició a Franklin Oduber Burillo, exdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; a Serafín Sánchez González, exviceministro de Salud, y a Arturo Alejandro Alvarado De Icaza, exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil.

Caso granos

Loaiza dictó el auto No. 222, mediante el cual admitió un incidente de nulidad interpuesto por el abogado de Chichi De Obarrio, Víctor Collado.

El juez declaró nula la orden de indagatoria librada el 10 de marzo de 2015 contra 31 personas por la compra de granos con fondos del PAN, entre ellas, Chichi De Obarrio; Ángel Famiglietti Russo, exfuncionario del PAN, y Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli.

También benefició a los empresarios Vanessa Isabel Ríos Gálvez, Jennifer Giselle Candanedo Pérez, Gustavo Enrique Barría Pérez, Yulius Garyn Chen Castillo, Zuleika Rodríguez Chérigo, Guillermo Burbano Murillo, Ángelo Herrera, Lilineth Salazar Him, Maribel Sandoya Romero y Jorge Luis González.

Además, a Adrián José Guardia Chang, José Fernando Coparropa, Yolanda Rangel, Marcela Del Carmen Castro Prado de Serrano, Milciades Guerra, Brígida María Caballero Núñez de Hurtado, José Gutiérrez, Edwin Fernández Ramos y Diego Augusto Dolande de Ycaza.

Asimismo, a Roberto Brin Azcárraga, Félix Alfonso Fernández Miranda Cerjack, Aldo Mangravita Fernández Miranda, Manuel Ríos Correa, Desiree Darianne Aranda González, Praxedis Prenda Pinzón Vega, Mara del Carmen Vergara Ramírez, Pablo Andrés Ruiz Obregón y Roberto Pérez.

La fiscalía había pedido enjuiciar a todas estas personas en 2016. El juzgado fijó la audiencia para el 16 de junio de 2018, pero no se realizó por recursos de los abogados.

La Contraloría calculó en $12.3 millones la posible lesión patrimonial en este caso.

 

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