El juez quinto penal Enrique Paniza remitió ayer al Ministerio Público (MP) los 93 tomos que componen el expediente sobre la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de juntas comunales.
Fuentes judiciales confirmaron que los expedientes fueron enviados al MP tras quedar ejecutoriada la última resolución del juzgado, en la que rechazó una apelación contra la reapertura de la investigación.
Fue el abogado Armando Fuentes, de la firma forense Fuentes & Rodríguez, quien presentó el 21 de agosto el “escrito de anuncio de apelación” en contra de la decisión del 3 de agosto de 2018 del Juzgado Quinto en la que se admitió la solicitud de la reapertura de las sumarias.
El fallo de Paniza implicó la reapertura de la investigación para las juntas comunales dentro del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá. Esto incluye 30 juntas comunales.
Las fuentes consultadas explicaron que ahora el MP puede tomar la decisión de desglosar cada una de los tomos y remitirlos a la circunscripción judicial correspondiente para que se continúe la investigación.
Sin embargo, la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling opina que la fiscalía tiene mando y jurisdicción nacional y por tanto puede investigar a todas las juntas comunales.
Historia del caso
El 5 de mayo de 2015, Paniza había dictado sobreseimiento provisional de la investigación llevada por la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción, que abarcaba posibles irregularidades en 153 juntas comunales de todo el país, a las que se transfirieron $240 millones en partidas durante el período 2009-2014.
El 27 de mayo de 2015, el juez reabrió el proceso, y el 10 de mayo de 2017 volvió a dictar sobreseimiento provisional, en espera de las auditorías de la Contraloría .
El 27 de febrero de este año, la Contraloría remitió al MP 186 auditorías sobre transferencias de partidas circuitales efectuadas a juntas comunales entre 2009 y 2014, por un monto de $247 millones. El monto subió porque se incluyeron más juntas comunales.
El 12 de marzo pasado, tras recibir las auditorías, la fiscalía pidió la reapertura de esas pesquisas. El 3 de agosto el caso fue reabierto.