El Juzgado Noveno Penal dictó un sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por el exdirector de la Policía Nacional y exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez, contra cuatro funcionarios del Ministerio Público (MP), entre ellos el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad y contra la libertad dentro de las investigaciones relacionadas con la supuesta ejecución de pinchazos telefónicos durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
La juez novena de circuito Julieth Ubillus, en una resolución del pasado 21 de noviembre, señala que en el expediente no se encuentra debidamente probado el hecho delictivo imputado a los funcionarios.
Además, indica que los elementos penales acreditados en la denuncia son insuficientes para realizar una apertura de causa criminal.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción que, mediante vista del 30 de agosto de 2016, solicitó al tribunal dictar un sobreseimiento de la denuncia, ante la ausencia de elementos de convicción sobre las irregularidades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público por el denunciante.
Roniel Ortiz, abogado de de Pérez, presentó la denuncia contra el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar y los funcionarios del Ministerio Público Xiomara Rodríguez, James Corro y Ricardo Muñoz, alegando que hubo abuso de autoridad e infracción de los servidores públicos, luego de que su cliente fuera detenido e indagado por su presunta vinculación con supuestas escuchas telefónicas por parte de funcionarios del CSN.
En su denuncia, Ortiz alegó que el proceso contra Pérez se fundamentaba en la declaración de un testigo protegido, al cual la defensa no tuvo acceso, y que entró en serias contradicciones en las diferentes declaraciones que rindió ante los funcionarios judiciales.
La investigación de los pinchazos telefónicos se encuentra en la etapa de admisión de pruebas, así como de fijar la fecha de audiencia preliminar a Pérez, al exsecretario del CSN Alejandro Garuz, y a los exfuncionarios de esa dependencia Ronny Araúz y William Pittí (estos dos últimos se encuentran prófugos).
En este caso, el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, admitió los testimonios de los funcionarios del CSN Julio Graell, Javier Quiroz, Jesús González, Jaime Agrazal e Iris del Carmen González.
También el juez admitió la presentación como testigos de 32 de las 150 personas que fueron objeto de escuchas telefónicas ilegales.
Además, avaló la presentación de las inspecciones oculares hechas por la fiscalía a los correos electrónicos y teléfonos que fueron objeto de las interceptaciones electrónicas.
Pérez tiene una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de posesión ilegal de armas, luego de que durante el allanamiento de su residencia, por el caso de los pinchazos telefónicos en enero de 2015, se ubicaran armas de guerra que estaban habilitadas para disparar.