DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Ministerio Público ataca el fuero del que gozan los políticos

Ministerio Público ataca el fuero del que gozan  los políticos
Ministerio Público ataca el fuero del que gozan los políticos

La controversia entre el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Electoral (TE) por el fuero electoral penal llegó ayer a la Corte Suprema de Justicia.

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La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, para que al MP se le permita investigar a candidatos a un puesto de elección popular, y a miembros de partidos políticos, sin necesidad de que tengan que solicitar al Tribunal Electoral (TE) que les levante el fuero electoral penal del que gozan.

El recurso presentado por el fiscal Markel Mora pide que se declare inconstitucional la palabra “investigados” del artículo 259 del Código Electoral, porque, a su juicio, la necesidad de una autorización “expresa y previa del TE” “hace ilusorio” el ejercicio de la persecución del delito.

Añade que, al imponer como limitante la necesidad de que el TE autorice el retiro del fuero a los presidentes, vicepresidentes, secretarios, y subsecretarios de los partidos, además de los candidatos, “quebranta la igualdad que todos tenemos de ser investigados bajo el procedimiento ordinario”.

EL MP DICE QUE EL FUERO LIMITA LAS INVESTIGACIONES PENALES

Markel Mora, fiscal especializado en delitos relacionados con drogas, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 259 del Código Electoral, porque, a su juicio, impide investigar a dirigentes o miembros de partidos políticos que aspiren a un cargo de elección popular sin previa autorización del TE.

La demanda de Mora, que consta de 13 páginas, plantea que la palabra “investigados” contenida en el mencionado artículo viola el artículo 220 de la Constitución, en el que se establece que, entre las atribuciones del Ministerio Público (MP), están defender los intereses del Estado, promover el cumplimiento de las leyes, vigilar la conducta de los funcionarios y cuidar para que todos cumplan con sus deberes.

Añade que el artículo 259 de la ley electoral “cercena” el deber jurídico del Estado de investigar el delito a través del MP, ya que establece una prerrogativa al que intente correr por un cargo de elección popular, hecho que, añade, impide el ejercicio de la acción penal.

El fiscal sustenta también que la palabra que considera inconstitucional impide procesar a los actores del proceso electoral, ya que para ello se necesita permiso expreso y previo del TE, “lo que hace ilusorio” el ejercicio de la persecución del delito.

“Es una limitante a la facultad del MP en temas de criminalidad organizada o con los aparatos estructurales de poder”, afirmó.

Investigados con fuero

Varios procesos que adelanta el Ministerio Público se han dilatado, debido a que algunos de los investigados gozan de fuero penal electoral, gracias a distintos procesos internos de los partidos políticos.

Es el caso, por ejemplo, de la pesquisa por el pago de sobornos de Odebrecht, en la que se solicitó desaforar a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a los exministros de Obras Públicas Jaime Ford y Federico Suárez, que aspiraban a un cargo en las diferentes estructuras de Cambio Democrático (CD).

Lo mismo ocurrió con varios casos seguidos al empresario Riccardo Francolini y al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, entre otros.

La ley electoral estipula que el fuero penal electoral estará vigente desde que las postulaciones queden en firme y hasta 15 días después de que el TE proclame a los ganadores.

Por estos días, CD adelanta su calendario electoral para escoger al candidato a la presidencia de la República. Otro período de fuero.

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