El proceso penal que se le sigue a Mayté Pellegrini y a otras 11 personas desde octubre de 2012, cuando estalló el escándalo por un fraude millonario en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), continuará estancado por un nuevo recurso legal que presentó el Ministerio Público (MP).
En momentos en que el Juzgado Segundo de lo penal tenía que cumplir con una orden emitida por el Segundo Tribunal de Justicia, para que devolviera el expediente de este caso a la Fiscalía Decimotercera de circuito para que se practicara una serie de pruebas que le habían sido negadas a la defensa de Pellegrini, el fiscal Julio César Laffaurie presentó un amparo de garantías constitucionales contra la ampliación del proceso.
Laffaurie, en su escrito del 6 de enero pasado, sustentó ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia que la resolución del 20 de septiembre de 2013 del Segundo Tribunal, en el que ordena que se le practiquen las pruebas solicitadas por los abogados de Pellegrini, “quebranta el principio de igualdad procesal de las partes dentro del proceso”.
Recalcó Laffaurie que con lo ordenado por el tribunal solo se favorece a uno de los imputados en este caso, dejando en indefensión a la parte querellante y a los otros imputados, colocándoles en condiciones desiguales, sin explicar los motivos de tal decisión.
El fiscal cuestiona que la decisión del Tribunal no admite la presentación de acciones para impugnar la decisión, aludiendo que la vía ordinaria está agotada y que solo cabe un amparo.
Solicita admitir y conceder la acción presentada y que se proceda a revocar la orden de practicar exclusivamente todas las pruebas solicitadas por la defensa de Pellegrini.
El amparo de garantías quedó en el despacho del magistrado Harley Mitchell, quien deberá decidir si este recurso suspende la orden del Segundo Tribunal, dirigida al Juzgado Segundo de circuito para que devolviera el expediente de este caso a la Fiscalía Decimotercera para que practique las pruebas en favor de Pellegrini.
Pruebas Solicitadas
El 30 de diciembre pasado se desfijó el edicto 2026-13 de 18 de diciembre, a través del cual se da por notificada a las partes y a partir de este momento el juzgado debe remitir el expediente al fiscal Laffaurie. Entre las pruebas que se debían practicar en favor de la acusada estaba la de ampliar la diligencia de indagatoria a Pellegrini, quien es la única detenida en este proceso. Además, la de efectuar diligencias de careos entre los exdirectivos de FP West Valdés, Iván Clare, Mariel Rodríguez y Óscar Rodríguez, con Pellegrini.
Se pidió además a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las demás agencias de instrucción del MP, si existía alguna denuncia de Valdés o de Clare a nombre de FP por hurto, apropiación indebida, estafa o cualquier delito contra el orden económico por la pérdida de su loggin o clave bancaria, la cual supuestamente se utilizó para desviar fondos de la casa de valores.
Tomarle declaración a los oficiales de inspección y análisis para que señalen si hubo o no falsedad del informe externo realizado por la firma auditora Moore Sthephen (Panamá, S.A.), en el que se sustenta el fraude a FP. Otras de las pruebas era la de tomarle declaración jurada a Carlos Pellegrini para que expusiera sobre las amenazas sufridas a su persona si daba información sobre el caso de FP.
Se pedía la comparecencia del abogado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Caja de Seguro Social, Sergio Morales, para que sustentara sus declaraciones en las que señaló que FP tenía más de $11 millones en esa entidad de crédito en 25 plazos fijos que no estaban autorizados a invertir, y por orden de quiénes se depositó esa suma.