Tres pisos, 9 mil 322 pies cuadrados de construcción, piscina, estacionamiento para cuatro vehículos y atracadero, son algunas de las características de la vivienda con salida al mar ubicada en Coral Gables, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Miami.
Este sería el hogar de Ricardo Martinelli Berrocal, detenido desde el pasado lunes 12 de junio por orden del juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida.
Según sitios en internet dedicados al negocio de bienes raíces, la mansión —construida en el año 2006— fue adquirida el 8 de julio del año pasado, por $8.2 millones. No obstante, el inmueble tendría un valor de mercado de $6.4 millones, según el Miami-Dade Property Appraiser (la oficina del condado que determina el valor de las propiedades).
La venta la llevó Carlos Rodríguez, abogado de Miami especialista en el mercado de compraventa residencial y comercial.
La transacción se cerró mes y medio después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitiera a la Cancillería panameña los documentos que sustentan la solicitud de extradición del expresidente para que respondiera por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante su mandato.
Si bien la casona ubicada en el 6919 Sunrise Terrace, Coral Gables, está a nombre de la sociedad Watervista Properties LLC, el nombre del exgobernante aparece con esa dirección en los portales usplaces.com y whitepages.com. Este último es un buscador de personas, propiedades y contactos.
Martinelli no reside en Panamá desde el 28 de enero de 2015. Ese día, viajó a Guatemala a una sesión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el organismo regional que una vez llamó“cueva de ladrones” y del que ahora es diputado.
En febrero de ese mismo año, La Prensa lo ubicó en un apartamento del edificio Atlantis, en el 2025 Brickell Avenue, frente al mar. Fue esta la dirección que sus abogados aportaron en la CSJ, como domicilio del exgobernante.
Los abogados de Martinelli han dicho que el patrimonio inmobiliario de su cliente en Miami es uno de los factores que serán presentados al juez Edwin Torres, como prueba del arraigo del exgobernante, para quien piden una fianza que le permita estar en libertad hasta que se decida si es devuelto a su país o no.
La audiencia sobre la fianza será el próximo martes 20 de junio. Una vez solventado este tema, las partes entran a debatir sobre el proceso de extradición, que Panamá solicitó y al que Martinelli se resiste, con el argumento de que es un “perseguido político”.
En Panamá, Martinelli tiene, por lo menos, otros siete procesos ya admitidos por la CSJ.