Una reforma al criterio sobre como se utiliza el dinero de la partida discrecional de la Presidencia de la República, así como un llamado a la Contraloría General de la República para que fiscalice estos gastos “con más firmeza”, hicieron ayer miembros de la sociedad civil, luego de conocerse que allegados al mandatario Juan Carlos Varela y políticos de distintos partidos fueron beneficiados con dinero de ese fondo público.
Entre los beneficiados figura María Inés Marien Calviño Correa, una alta colaboradora del Ministerio de la Presidencia, a la que se le pagó parcialmente una cirugía en el Johns Hopkins Medical, en Baltimore, Estados Unidos. En su procedimiento quirúrgico el Gobierno le cubrió gastos por $57 mil 221. Calviño Correa es una antigua colaboradora del presidente Juan Carlos Varela. Su relación laboral se remonta incluso a Varela Hermanos, empresa familiar del presidente, donde ella fungió como gerente comercial.
Además, con dinero de la partida discrecional se costearon gastos por $17 mil 420 para que Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, quien devenga un salario de $10 mil mensuales, se realizara una operación.
Otros que recibieron apoyo de la partida para gastos médicos fueron el secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever ($7 mil 787); el diputado Vidal García ($76 mil 977) y el diputado suplente Eduardo Paz ($6 mil 500).
REACCIONES
Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señala que desde el punto jurídico legal el concepto de partida discrecional “implica que el presidente tiene la discreción para tomar ese tipo de decisiones”. Sin embargo, sugiere que ese criterio se debe reformar para que deje de ser discrecional y sea más rigurosa. “Que al final se destinen dineros solo cuando ocurran situaciones de desastres naturales y hechos de urgencia notoria, pero con una reglamentación específica”, sostuvo Castillo.
Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que con las revelaciones en torno a cómo se gastan estos fondos queda en evidencia, una vez más, que “los políticos” inclinan la balanza “a su entorno más allegado y visible”.
Propone que “los funcionarios que tienen necesidades y urgencias inmediatas podrían pedirle al Gobierno que les facilite préstamos en la Caja de Ahorros o en el Banco Nacional para que financien esas emergencias, pero con el compromiso de su devolución”.
“No es justo con el panameño que sí requiere de esos apoyos... la partida discrecional no está diseñada para el que tiene posibilidades, sino para el que no las tiene”, añadió.
En tanto, Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia, indicó que con el uso que se le está dando a la partida discrecional “nos están diciendo que el sistema que tenemos no nos conviene, porque definitivamente promueve una serie de arbitrariedades y corrupción”.
Escorcia cuestionó al contralor general de la República Federico Humbert. “¿Dónde está el señor contralor? No ha dicho absolutamente nada de este dinero. No ha puesto coto para que esto no vuelva a suceder. Yo le recuerdo al señor contralor que él es nuestro empleado y su trabajo es cuidar los fondos públicos”, agregó.
También cuestionó el rol de la canciller y vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado y del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quienes apoyan el uso que se le da a la partida.
HABLA EL CONTRALOR
Mientras tanto, en una gira por la provincia de Veraguas, el contralor Humbert afirmó ayer que las partidas discrecionales no necesitan refrendo, pero sí un control posterior luego de que se haya utilizado el recurso por parte del presidente en turno. El contralor evitó más preguntas sobre el tema.