La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, negó el cambio de medida cautelar al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, y se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el proceso relacionado con supuestas irregularidades en el préstamo de $9 millones que otorgó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC Contratas- P&V para la construcción de un centro de convenciones. La jueza resolvió un recurso presentado por la defensa de Valdés, para que se le sustituyera la detención provisional. Valdés está detenido desde hace 14 meses en El Renacer.
El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, se opuso al recurso y pidió que se mantuviera la detención, tras lo cual Hermes Quintero, abogado de Valdés, anunció que apelará.
La audiencia concluyó con los alegatos de los imputados Elyo Samudio de Ávila, Luis Jafet Díaz, Luisa de De La Hoz y Rolando López, funcionarios de la CA, para quienes la fiscalía pidió sobreseimiento provisional, al igual que para Voldy Wedemeyer y Eric Quintero, que colaboraron en el proceso.
En la audiencia, que se prolongó cuatro días, la fiscalía pidió a la jueza abrir causa criminal a 16 imputados, entre ellos los exmiembros de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini (presidente), Ricardo Alberto Chanis, Fernando Correa, Ricardo Agustín Arango Pezzet y Anastacio Ruiz De León. Asimismo, a Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena, exgerente y exsubgerente de la CA, respectivamente. Además, al exvicepresidente Felipe Virzi, a Ricardo Calvo y a los directivos de HPC-Contratas P&V Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Manuel Morales, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz. La fiscal también pidió enjuiciar a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de FP.
Los abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.
A su vez, la fiscal Tania Sterling afirmó que el Ministerio Público demostró con pruebas su teoría del caso, según la cual no hubo ninguna devolución voluntaria del dinero por parte de los imputados y, más bien, la CA tuvo que ejercer su jurisdicción coactiva para recuperar los fondos de un banco que recibe aportes del Estado.