ANÁLISIS

Clientelismo e impunidad favorecen la narcopolítica

Clientelismo e impunidad favorecen la narcopolítica

El debate sobre la influencia del narcotráfico en la política se instala, una vez más, en la agenda del país a raíz de la detención del exgobernador de Guna Yala, el perredista Eric Martelo, con 79 kilos de drogas y de la retención de una funcionaria de la Asamblea Nacional luego de que se detectara que dos personas que transportaba en un carro tenían droga.

Al menos en la última década, voceros de varios gobiernos han llamado la atención sobre este fenómeno. Pero no se ha presentado ninguna propuesta formal para corregir el problema, que se aprovecha de una institucionalidad débil, con procesos electorales clientelistas y un sistema de justicia que favorece la impunidad.

La protección de la democracia contra el dinero sucio

En 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, determinó que la corrupción era la principal fuente de ingresos de las organizaciones políticas en ese país. Según el organismo, entre el crimen organizado y el narcotráfico podrían estar aportando el 25% del financiamiento de los partidos políticos guatemaltecos. En Panamá no existe un estudio similar.

La detención del exgobernador de la comarca de Guna Yala esta semana, y los recientes arrestos de allegados cercanos de un diputado y de otra gobernadora, se han convertido en una seguidilla de incidentes que por coincidentales que hayan sido, indican una tendencia de penetración en la política de elementos del crimen organizado y el narcotráfico.

A pesar de que por décadas Panamá ha confrontado importantes presiones internacionales sobre los temas de lucha contra el narcotráfico y prevención del blanqueo de capitales, es muy poco lo que existe para proteger a la frágil democracia del virus del dinero sucio.

Un gran vacío

Para ser electo a un cargo público, desde Presidente de la República, hasta representante de corregimiento, la Constitución Política establece entre los requisitos no haber sido condenado por delito doloso, con pena de prisión de 5 años o más. Así lo estipulan el artículo 153 numeral 4 para los diputados, el artículo 180 para Presidente y vicepresidente de la República, y el artículo 226 para los representantes de corregimiento. Curiosamente, la norma aplicable para los alcaldes no tiene rango constitucional, si no que está establecida en leyes como el Código Electoral, en su artículo 291, en su numeral 3.

La prohibición de elegir personas condenadas por delitos, apareció en la Constitución de 1972, y en aquella época se limitaba a delitos “contra la cosa pública”, es decir, todas las formas de peculado. En la práctica este es un requisito simbólico, ya que en Panamá obtener una condena en firme, es decir, hasta agotar el último recurso disponible ante la Corte Suprema de Justicia, puede requerir de muchos años, lo que facilita el que personas indiciadas o vinculadas a una investigación penal puedan aspirar a un cargo de elección.

En lo referente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal Electoral, los Procuradores o el Contralor y subcontralor General de la República entre otros altos funcionarios, las prohibiciones de haber sido condenados por delito doloso se mantienen. Para la gran parte del resto de los servidores públicos, solo basta que no tengan una inhabilitación de funciones vigente, que es una pena accesoria dictaminada por un juez.

El financiamiento sucio está prohibido pero…

Según el artículo 256 del Código Penal está prohibido financiar campañas políticas con fondos provenientes del blanqueo de capitales. Vale recordar que esta actividad comprende numerosas operaciones delictivas y no está limitada al narcotráfico. Aunque la sanción es de 5 a 10 años, se desconoce si existe un solo caso activo ante la justicia panameña.

La fragmentación institucional dificulta que aquellos que pudieran tener la información de actividades sospechosas la compartan de forma vigorosa con el Ministerio Público o la Fiscalía General Electoral.

Así, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está adscrita a la Presidencia de la República. La UAF es la principal entidad que actúa en la detección y monitoreo del blanqueo de capitales en Panamá. Al estar adscrita a un órgano político, existe un filtro que evita que toda la información que debería estar en conocimiento de fiscales e investigadores, esté controlada por la Presidencia de la República.

Por otro lado, aunque el Código Electoral regula estrictamente el financiamiento privado de las campañas políticas, la información depende de las propias organizaciones políticas y del cumplimiento, de buena fe, de las normas electorales. La investigación de las infracciones de las normas electorales le corresponde a la Fiscalía General Electoral, que usualmente mantiene fuertes vínculos con la coalición de partidos gobernantes.

Según Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación, lo que se necesita es “prohibir el financiamiento privado”, evitando de esta forma la influencia de cualquier dinero sospechoso, en las campañas electorales. La jurista dijo ayer miércoles en el programa Cuarto Poder de Telemetro Radio, que era necesario un cambio de la mentalidad en la política panameña.

La influencia no se limita al dinero

El poder de las redes de crimen organizado se manifiesta de diversas formas en su relación con el Estado y el gobierno oficial. Aunque el dinero es la más obvia, otras formas de cooperación son viables. Por ejemplo, las bandas o pandillas pueden aportar “voluntarios” para caminar en favor de un partido político o una candidatura específica. Estas mismas organizaciones pueden excluir de su territorio a grupos políticos opositores, limitando su capacidad de acceso a campañas equitativas. El último elemento de presión política es la intimidación o el uso de la fuerza. Tanto los servidores públicos como los funcionarios de elección son sumamente vulnerables a este tipo de presiones, ya sea dirigidas hacia ellos, o a sus círculos cercanos.

La agenda pendiente

Los riesgos que enfrenta Panamá son comunes a toda la región. Otros países han transitado con algún grado de éxito el saneamiento de su gobierno y de su política. Además de la prohibición de financiamiento privado, recomendada por la ex procuradora Gómez, se debe considerar una reforma procesal para combatir los delitos de corrupción y el blanqueo de capitales. Quizás sea necesario centralizar en un solo tribunal a nivel nacional todos estos casos, para facilitar la vigilancia activa de la ciudadanía.

Panamá carece de una jurisdicción de extinción de dominio que expropie aquellos bienes cuyo origen no pueden ser justificados tanto por autoridades como por particulares. El sistema actual de jurisdicción de cuentas depende en mayor medida de un ejercicio responsable de la Contraloría General de la República, pero la institución está rebasada por la multiplicidad de casos pasados y presentes, que requieren su atención, y por el sesgo político de dicho despacho.

Al final, depende del ejercicio de una ciudadanía activa el que nuestra democracia resista los embates del narcotráfico y que aquellos que actúan en nombre del Estado cumplan con todas las leyes, y no sean rehenes del crimen organizado y la corrupción en todas sus formas.



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