Que se deje sin efecto la Ley 246 del 26 de noviembre de 2021, que entró en vigencia el pasado 1 de enero. Esta es la exigencia de los representantes de distintas asociaciones de profesionales, quienes ayer acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma, pues consideran que interfiere en las profesiones liberales del país.
La Ley 246, que a su vez modifica la Ley 76 de 1976 sobre medidas tributarias, establece que todo registro único de contribuyente deberá utilizar como medio de facturación el sistema de facturación electrónica. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados y uno de los que impulsa la demanda, instó a “respetar el ejercicio de las profesiones liberales, de los artistas, de los artesanos y de quienes ejercen distintos oficios”.
De acuerdo con Araúz, la nueva ley obliga a contratar un software e impone un método de cobro.
Gil Ng Arcia, presidente del Movimiento de Contadores Públicos Independiente, también se pronunció. “La Ley 256 no permite el ejercicio de las profesiones liberales, ya que nos cercena los derechos (...)”, dijo.
