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PROCESO JUDICIAL

La Sala Penal deja la puerta abierta para reabrir el caso radares

La Sala Penal deja la puerta abierta para reabrir el caso radares
Los radares instalados no detectaban lanchas rápidas. Archivo.

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de la defensa del exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, que buscaba el archivo definitivo del caso de los radares.

Los tres magistrados de la Sala Penal fallaron a favor de mantener el sobreseimiento provisional del expediente, y no definitivo como pretendía Mulino. Este escenario abre la puerta al Ministerio Público para solicitar al Órgano Judicial la reapertura del expediente, en caso de que la fiscalía anticorrupción que llevó el proceso considere que tiene nuevos elementos para aportar.

El exviceministro de Seguridad Alejandro Garúz también fue investigado en este caso.

Fiscalía Anticorrupción, con la opción de reabrir el expediente de los radares

De tener nuevos elementos de prueba, el Ministerio Público podría solicitar la reapertura del caso por supuestas irregularidades en la compra de radares durante el periodo 2009-2014.

Así lo informaron fuentes de la institución a este medio. Esto luego de un fallo emitido el pasado 24 de agosto por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no admitió un recurso de casación en el fondo, formalizado por la firma G&B Law Firm, en representación del exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino. En su lugar, decretó un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal del expediente.

El recurso presentado por el exministro Mulino buscaba el cierre definitivo del expediente.

La información está contenida en el edicto 352 de la Corte Suprema de Justicia, documento en el que consta que los magistrados José Ayú Prado, Maribel Cornejo, y María Eugenia López, conocieron el caso.

En agosto de 2017, se dio a conocer que el pleno de la Corte había concedido un amparo de garantías a Mulino y al exviceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, que anulaba parte del proceso por el caso de los radares. De paso, ordenó remitir el expediente a la fiscalía para que actuara conforme a lo que establece la ley procesal penal. En septiembre de 2017, la Fiscalía, solicitó al Juzgado Quinto el sobreseimiento provisional de la causa, pero este despacho consideró que ese sobreseimiento era definitivo. El Ministerio Público apeló, y el Segundo Tribunal de Justicia le dio la razón: sobreseimiento provisional.

La defensa interpuso un recurso de casación en la Corte contra esta última decisión. La pesquisa estuvo a cargo de la entonces fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, y guarda relación con la compra de 19 radares a la italiana Selex, filial de Finmeccanica. Pero los radares no detectaban el paso de lanchas rápidas en las costas panameñas.


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