El 23 de diciembre pasado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales las prohibiciones que restringían a Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte en Panamá y que les impedían cobrar en efectivo y ofrecer sus servicios a nivel nacional.
Los gremios del transporte selectivo emprendieron una campaña de presión pública a las autoridades para conseguir que una decisión final, definitiva y de obligatorio cumplimiento de la Corte Suprema fuera revocada. En esas lides consensuaron que el Ministerio de Gobierno, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y la Cámara Nacional del Transporte interpusieran solicitudes de aclaración de la sentencia de la Sala Tercera de la Corte. En la práctica la detuvieron temporalmente.
En otro frente, la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional avanzó el anteproyecto de ley 305 que pretende regular a las plataformas tecnológicas de transporte, y que fue propuesto antes del fallo de la Corte. Se suponía que la iniciativa iba a ser prohijada el día de ayer, pero la Comisión lo pospuso, porque se encontró con la resistencia de consumidores y usuarios, quienes se oponen a restablecer restricciones a las plataformas tecnológicas.
El anteproyecto de ley 305 podría ser una oportunidad para normalizar un sector del transporte selectivo que está en crisis. Como lo dijo la Asociación de Consumidores Libres, en carta firmada por su presidente Raúl Molina, y dirigida a la Comisión de Transporte: “Ha llegado el momento de acabar con la corrupción imperante en la concesión y otorgamiento de cupos para el mal llamado transporte selectivo”.
Conociendo el poder que tienen los gremios transportistas en el partido gobernante, este tema no se quedará así.