El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no admitió un recurso de casación presentado por el Ministerio Público contra la anulación del proceso por presunto peculado en el manejo de fondos para la construcción del proyecto de Riego de Tonosí no implica que la investigación esté concluida.
Así lo indicó ayer el Órgano Judicial, a través de un comunicado de prensa, en el que se precisa que dicha nulidad solo alcanza las diligencias efectuadas por la Fiscalía Tercera Anticorrupción después del 13 de mayo de 2015, incluyendo las indagatorias tomadas en ese lapso y la vista fiscal.
Según la nota, hay 16 mil 545 páginas del expediente útiles y con ellas la fiscalía tendría la oportunidad de presentar una nueva vista y concluir la investigación. Es decir, la Sala Penal recalcó que la pesquisa no ha concluido y que la fiscalía podrá continuar con su labor.
El comunicado también detalla que la casación presentada por la fiscalía no fue admitida, ya que los argumentos contenidos en el recurso no se pueden invocar contra un auto de nulidad.
En este aspecto, el comunicado precisa que el recurso hubiese sido admitido si se hubiera tratado de un sobreseimiento definitivo, un auto de excepción por cosa juzgada, prescripción de la acción penal o si se tratase de una amnistía o indulto.
A través del auto No. 105 de 10 de julio de 2019, el Segundo Tribunal Superior Penal anuló el proceso, luego de que la fiscalía ordenara –fuera de término– indagar al extitular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) Emilio Kiesweter y a Marco Alban, directivo de la empresa Hidalgo & Hidalgo, a cargo del proyecto.
La Sala Penal señaló que el caso se inició el 22 de agosto de 2014 y debía concluir el 13 de mayo de 2015, pero la fiscalía ordenó las indagatorias el 20 mayo y 25 de julio de 2015, respectivamente, fuera del término de la investigación.
Ahora, luego del proceso de notificación, el Ministerio Público deberá iniciar el proceso de elaboración de una nueva vista fiscal, pero sin incluir las partes del expediente que el Segundo Tribunal declaró nulas.
Por este caso, la fiscalía formuló cargos a 14 funcionarios y 19 particulares por presunto peculado en el manejo de fondos para el desarrollo del proyecto.
Entre los investigados figuran Felipe Pipo Virzi (ex vicepresidente (1994-1999 y empresario); Porfirio Bolita Ellis (excandidato a diputado por el partido Cambio Democrático); Ricardo Ricky Calvo (empresario y socio de Virzi), entre otros.
De acuerdo con la investigación, el Estado sufrió una lesión patrimonial de $ 8 millones 75 mil.
Esta nota fue modificada a las 12:35 p.m. del jueves 17 de septiembre de 2020. En su versión original, se informó que Riccardo Francolini era uno de los investigados por el Ministerio Público. La información es incorrecta...