El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, analizará las opciones que le presentó el Movimiento Independiente (Movin), basándose en el Código de Ética Judicial, para declararse impedido como juez de garantías en la causa seguida al expresidente Ricardo Martinelli por el manejo irregular de cuatro cuentas a través de la casa de valores Financial Pacific (FP).
Ayú Prado dio estas declaraciones al terminar la reunión que se llevó a cabo este viernes en el Palacio de Justicia Gil Ponce, entre dirigentes de la sociedad civil, gremios empresariales y magistrados de la Corte.
Se les aclaró [a los participantes en la reunión que duró más de tres horas] que el pleno de la Corte Suprema ya ha tomado decisiones sobre el Código de Ética, pero hay que esperar la resolución en la cual el pleno admitió el conocimiento del expediente enviado a esa corporación por la Superintendencia del Mercado de Valores, que denuncia la supuesta comisión de delitos financieros por parte de Martinelli en cuentas que eran manejadas a través de FP, dijo el magistrado.
"Primero hay que ver cómo está escrita la resolución y qué dice. Concordamos en que hay que esperar, porque no se pueden tomar decisiones en base a lo que no existe ni se conoce. Debemos hacer todo con cautela, siempre respetando la Constitución y la ley", indicó.
Durante la reunión Movin apeló a que se cumpla el Código de Ética, y recalcó que en su artículo 13 señala que: “El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”.
Mientras que el artículo 14 dice: “El juez debe evitar las situaciones que directa o indirectamente comprometan su criterio en la causa”.
Ayú Prado reiteró que no tiene vínculos con FP. Añadió que en la penúltima semana de diciembre hará la rendición de cuentas 2014-2105.
Otros temas tratados, además de que Ayú Prado se declare impedido en el caso de FP, fueron la reactivación, actualización y más participación ciudadana en el Pacto de Estado por la Justicia, un plan de acción para combatir la alarmante mora judicial y el fallo de inconstitucionalidad de toda la ley blindaje.