El magistrado presidente José Ayú Prado solicitó –“en calidad de préstamo y con carácter devolutivo”- el expediente con la nota que remitió la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sobre el manejo irregular de cuatro cuentas en la casa de valores Financial Pacific (FP), ligadas al expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
Ayú Prado fue designado como juez de garantías de la causa abierta a Martinelli, por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 23 de septiembre pasado.
En una nota enviada a el lunes 5 de octubre a Yanixsa Yuen, secretaria general de la CSJ, Ayú Prado le solicita el expediente con la resolución firmada por los magistrados –principales y suplentes- que intervinieron en el pleno extraordinario del pasado 23 de septiembre, “con los textos de los votos razonados, para enterarme formalmente de la designación como magistrado de garantías y considerar las actuaciones a seguir en consecuencia”.
Una copia de la nota fue enviada a Hernán De León, fiscal del caso.
El rol de Ayú Prado como juez de garantías, ha sido cuestionado ya que cuando fue Procurador General de la Nación (2011-2012), la exempleada de FP, Mayté Pellegrini, le acusó de haberla coaccionada para que cambiara su declaración original, en la que señalaba a Martinelli como firmante de la cuenta High Spirit, a través de la cual se negociaron acciones de Minera Petaquilla.
Por esta supuesta acción, el abogado Rosendo Rivera –en representación de la diputada Zulay Rodríguez, abogada de Pellegrini- presentó una denuncia contra Ayú Prado, cuya admisión no ha sido decidida aún por la Comisión de Credenciales de la Asamblea.
Ayú Prado ha dicho que no puede invocar las causales del artículo 53 del Código Procesal Penal, porque “no he sido cliente ni accionista” de Financial Pacific.
El pasado viernes, en una reunión con representantes de gremios profesional y de la sociedad civil organizada, se le solicitó su separación en virtud del Código de Ética Judicial, que en su artículo 13 dice: “El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”.
El mismo Código, en su artículo 14, agrega: “El juez debe evitar las situaciones que directa o indirectamente comprometan su criterio en la causa”.