Un día después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) hiciera pública parte de los documentos que posee sobre la firma panameña Mossack Fonseca, el bufete advirtió en un comunicado que adoptará medidas legales.
La semana pasada, Mossack Fonseca envió una advertencia para evitar que la organización pusiera a disposición del público más de 300 mil sociedades creadas por la firma, alegando que se trataba de información robada y una violación al tratado de confidencialidad entre cliente y abogado, "el cual nos debemos esforzar en proteger".
Ahora que la información ha sido liberada, el bufete arremete.
"Reiteramos que el uso de información privada robada es un delito en todos los estados en los que tenemos presencia. Mossack Fonseca opera en todas las jurisdicciones bajo el cumplimiento de las regulaciones respectivas de la industria y todos los servicios que presta, se proveen siempre dentro del ámbito de lo legal, ciñéndose a las correspondientes normas de verificación de clientes", argumenta en su comunicado.
Según Mossack Fonseca, la información difundida por ICIJ fue obtenida de forma ilegal, a través de un presunto hackeo. Incluso, interpusieron una querella contra la organización periodística por este motivo. Sin embargo, las autoridades no han encontrado indicios que confirmen la versión de la firma panameña.
Otro fiscal -Javier Caraballo, de la Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada- ha realizado allanamientos en la sede y un depósito de Mossack Fonseca, para asegurar los documentos que prueba el posible uso del bufete para "encubrir o promover actividades ilícitas".
