Mossack Fonseca & Co. anunció que ha tomado acciones “contundentes” a fin de impedir que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) divulgue parte de los documentos de la firma panameña que han generado publicaciones en medios de todo el mundo.
La información será compartida a partir de las 2:00 p.m. del 9 de mayo próximo, a través del sitio web del ICIJ.
La firma, a través de un comunicado, informó que envió una carta de “cease and desist” a ICIJ, en la que insta a la organización a deponer sus planes, “ya que se basa en un robo de información y una violación al tratado de confidencialidad entre cliente y abogado, el cual nos debemos esforzar en proteger”.
“No es lo usual en nuestra firma tomar este tipo de acciones frente a los medios de comunicación y esperamos que la polémica no nos arrastre a futuras acciones legales”, agrega el comunicado.
Aunque Mossack Fonseca sostiene que la documentación fue “robada” de su base de datos, el fiscal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual, Ricaurte González, ha dicho que no hay “certeza” de dichos actos.
González investiga luego que Mossack Fonseca presentara una denuncia por el supuesto hackeo de sus servidores.
Otra fiscalía –la Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo- también ha realizado diligencias en las oficinas Mossack Fonseca: dos allanamientos (uno en la sede principal en Marbella y otro en un depósito en Parque Lefevre) para asegurar los archivos de la firma. Caraballo ha informado que busca datos sobre el posible uso del bufete para “encubrir o promover actividades ilícitas”.
Los datos que divulgará el ICIJ a partir del 9 de mayo contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final. No incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos.
