Como una violación a los derechos y las garantías de Ricardo Martinelli catalogó el abogado Roniel Ortiz la reapertura de procesos en contra del expresidente panameño.
Ortiz hizo esa revelación en una conferencia de prensa que convocó para la tarde de este lunes 2 de septiembre el equipo de defensa de Martinelli.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Carlos Carrillo, Alfredo Vallarino, Ortiz y Luis Eduardo Camacho González.
Ortiz recordó que el juez estadounidense Edwin Torres concedió la extradición de Martinelli a Panamá bajo el principio de especialidad, por consiguiente, solo podría ser investigado por el caso pinchazos.
Sin embargo, esas condiciones no se cumplieron, dijo Ortiz, quien citó que el Ministerio Público abrió dos causas y ha solicitado el levantamiento del principio de especialidad, violando el tratado de extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos en 1904.
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia debió cerrar los procesos contra Martinelli luego de que él llegó a Panamá el 11 de julio de 2018. No obstante, siguen abiertos, señalaron los abogados.
Ortiz indicó que debido a esa situación el equipo de la defensa de Martinelli hará solicitudes tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el sistema penal acusatorio. Pedirán la programación de audiencias de control de garantías por la afectación de derechos a Martinelli en el sistema penal acusatorio. “Todos los procesos debieron ser cerrados y milagrosamente tenemos siete procesos abiertos”, en donde no se está aplicando el principio de especialidad, enfatizó Ortiz.
Añadió que con esos procesos abiertos se violaron las condiciones establecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos para extraditar a Martinelli.
Martinelli fue declarado como no culpable por el tribunal de juicio oral del caso pinchazos el pasado 9 de agosto.
Una de las conclusiones de los jueces es que la acusación no pudo probar que la interceptación de las comunicaciones que se realizaron desde la oficina 150 del Consejo de Seguridad Nacional entre los años 2012 a 2014, no contaba con la debida autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo, no se probó -según los jueces- que los espionajes eran ilegales.