Los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega fueron denunciados este jueves 28 de septiembre, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La denuncia fue presentada por siete querellantes en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli, por la interceptación de las comunicaciones ("pinchazos") sin autorización judicial desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato. Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado, a la espera de ser extraditado a Panamá para que afronte este proceso.
Entre los denunciantes están Rosendo Rivera, Carlos Herrera Morán, Francisco Carreira Pittí, Balbina Herrera, Osvaldo Gálvez Him, Cecilia Torres Ramos y Roberto García Flores.
Hace dos semanas, este grupo denunció que tres funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) viajaron a Miami con la intención de notificar a Martinelli sobre la solicitud de una fecha de audiencia de imputación de cargos solicitada por el magistrado Fábrega, dentro del proceso seguido al exgobernante por la supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo. Fábrega es el fiscal del caso.
Esta actuación llamó la atención de los querellantes del proceso de los "pinchazos", dado que la diligencia no fue autorizada por el magistrado Harry Díaz, quien funge como juez de garantías del caso Impregilo. Adicional, hay otro detalle inquietante: los tres funcionarios viajaron a Miami el día antes de que el juez federal Edwin Torres se pronunciara a favor o en contra de la extradición de Martinelli a Panamá. (Finalmente, Torres certificó la extradición del expresidente).
En la denuncia presentada este jueves, se solicita recabar el testimonio de los tres funcionarios que fueron a Miami: Aura Elena Tuñón Hernández, asistente de la secretaría administrativa de la CSJ; Manuel José Calvo, empleado de la Presidencia de la CSJ, y Fermín Bonilla, de la oficina del magistrado Fábrega.
"El despacho del magistrado juez de garantías [Díaz] no fijó ni programó fecha de audiencia de ningún tipo en torno a la solicitud efectuada por el magistrado fiscal [Fábrega]. Por ello, mal podía la asistente de secretaría general Aura Tuñón proceder a realizar un acto propio y privativo del magistrado juez de garantías y, peor aún, tal cual se realizó a discreción del magistrado fiscal, a quien por mandato de la ley le está vedado mantener contacto directo con la persona requerida, verbigracia que en el proceso en cuestión ni siquiera se tenía una fecha cierta para la supuesta celebración de la audiencia de imputación", señala la denuncia presentada.
Entre el 8 y el 29 de agosto, Fábrega envió ocho notas a Díaz, en las que solicita fijar fecha para la audiencia de imputación de Martinelli por el caso Impregilo. La última nota fue enviada el 29 de agosto, la víspera del fallo del juez Edwin Torres. Fábrega emplazó a Díaz a fijar una fecha, a sabiendas de que Martinelli está confinado en el Centro de Detenciones Federales de Miami desde el pasado 12 de junio, sin posibilidad de acudir a la audiencia de imputación. De hecho, la audiencia de imputación a Martinelli por otro caso -el de los indultos que otorgó en el ocaso de su gobierno- no se pudo realizar en la fecha acordada precisamente por la detención del exmandatario, una circunstancia que en su momento fue comunicada a la CSJ por su abogado Sidney Sittón.
Los dos magistrados denunciados este jueves fueron designados en la CSJ por Martinelli; Fábrega es hermano de María Fábrega, viceministra de la Presidencia en el gobierno pasado.
Los querellantes también resaltan que, aparte del "marcado interés" de Fábrega "de ejecutar actos que no le son inherentes a sus funciones", también presentó un amparo de garantías constitucionales ante la -según él- supuesta renuencia de Díaz de realizar la audiencia de imputación, "lo que corrobora que no existía fecha de audiencia que notificar que justificara el viaje realizado por los funcionarios mencionados".
Díaz, coincidentemente, es el fiscal del proceso de los "pinchazos", causa por la que Martinelli está detenido en Miami y requerido en extradición. En el caso de las interceptaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, no se celebró audiencia de imputación de cargos; Díaz presentó un escrito de acusación al magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía desde octubre de 2015. Ese mismo año, en enero, Martinelli se había marchado de Panamá y afincado en Miami, donde finalmente fue capturado.
La denuncia deberá ahora ser remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión de Credenciales para que analice si hay méritos para que sea acogida.
El caso de Impregilo surgió luego de que la Embajada de Panamá en Italia envió al Ministerio de Relaciones Exteriores una copia autenticada del fallo del Tribunal de Nápoles, fechado el 11 de diciembre de 2014, en la que Valter Lavítola fue condenado a tres años de prisión por presionar y extorsionar a Impregilo para que la empresa construyera el hospital pediátrico de Veraguas que prometió el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a Martinelli, en una visita a Panamá.
En la sentencia, los jueces concluyeron que Lavítola solo fungió como mensajero; la persona que supuestamente estuvo detrás de la extorsión era Martinelli.