La exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo tiene a partir de esta tarde impedimento de salida del país tras rindir declaración este miércoles, 29 de julio de 2015, ante la Fiscalía Quinta Anticorrupción.
Esto, por el caso de supuestos sobrecostos en el alquiler de vehículos que adquirió la Ampyme.
En tanto, el abogado Carlos Carrillo dio a conocer que su defendida va a continuar brindando las aclaraciones pertinentes y que cumplirá con todas las citaciones que se le hagan.
“Ya nos imaginamos que [la fiscalía] va a tomar acciones en contra de algunas personas que manejaron un informe de auditoría, aprovechando el poder para involucrar a exfuncionarios”, aseveró.
Esta mañana cuando llegó a la fiscalía, Burillo dijo a los medios de comunicación que los señalamientos en su contra son totalmente falsos. La exfuncionaria aseguró que los informes que dieron pie a esta investigación están “amañados”. “No existen tales sobrecostos”, añadió.
Expresó que se cumplieron todos los pasos para hacer estas contrataciones. “Si es una persecución política, sí temo”, indicó la exfuncionaria a los medios. Pero si están basados en los hechos realizados durante la gestión, entonces “la verdad está de mi lado”, comentó.
Este expediente se inició tras una denuncia que interpuso, el pasado 1 de julio, la exministra de la Ampyme Ada Romero, basándose en una auditoría que hizo la entidad.
Por otra parte, la fiscal cuarta anticorrupción, Ruth Morcillo, le ha formulado cargos a Burillo por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, dentro del proceso que tiene que ver con posibles irregularidades en actos de contrataciones públicas durante su administración.
(Nota en desarrollo)
