El expresidente Ricardo Martinelli se encuentra en Miami desde hace año y medio, pero su equipo legal convocó a una conferencia de prensa para reprochar públicamente la solicitud de extradición que la Cancillería panameña formalizó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los defensores de Martinelli alegan que el proceso judicial seguido a su cliente en la Corte Suprema de Justicia, así como las actuaciones de la Cancillería, son violatorias “de las leyes panameñas, el derecho internacional y los derechos humanos”. Sobre el pedido de extradición, sostienen que éste es "ilegal y antidemocrático".
Rogelio Cruz, que habló en nombre del grupo, señaló que la solicitud de extradición y detención preventiva de su cliente no procede, “por el simple hecho de que no se le han imputado cargos”.
“En estas circunstancias, tanto la acusación presentada por el magistrado Harry Díaz [en funciones de fiscal] como la detención preventiva ordenada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, son violatorias de una garantía fundamental, como es el derecho a la defensa que tiene toda persona investigada dentro de un proceso penal acusatorio”, remarcó Cruz.
Insisten –además- que el proceso tiene un “matiz político”, ya que –según ellos- hay un “interés particular” del presidente Juan Carlos Varela de perjudicar a Martinelli.
Cruz dijo que el pasado viernes se presentó un escrito a la Cancillería, para conocer todas las resoluciones emitidas que resuelven recursos y acciones presentadas por la defensa del exmandatario.
El 11 de diciembre pasado, el magistrado Jerónimo Mejía –que actúa como juez de garantías- declaró a Martinelli “en rebeldía” por ausentarse de una audiencia celebrada dentro del proceso que se le sigue por la interceptación de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional. Posteriormente, el 21 de diciembre, el pleno de la Corte ordenó la detención y conducción de Martinelli.
La solicitud de detención con fines de extradición fue presentada este lunes 26 de septiembre al Departamento de Estado de Estados Unidos, por la Embajada de Panamá en Washington. Ahora corresponde al país requerido, Estados Unidos de América, el análisis de la documentación presentada y las acciones a seguir.
El expresidente es investigado por la Corte, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Salió de Panamá el 28 de enero de 2015 y, desde entonces, no ha regresado.