El magistrado Harry Díaz, que actúa como fiscal dentro de la causa seguida al expresidente Ricardo Martinelli por la interceptación ilegal de las comunicaciones en su gobierno (2009-2014), ordenó no remitir al Pleno de la Corte la advertencia de inconstitucionalidad que presentó la defensa del exgobernante, “tendiente a evitar la paralización del proceso”.
Dimas Guevara, abogado de Martinelli, presentó una advertencia contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, contenido en la Ley 55 de 2012 (“Ley Blindaje”), que establece un plazo de dos meses, prorrogable por un mes adicional, para investigar a los diputados principales o suplentes de la Asamblea Nacional o el Parlacen. Martinelli es parlamentario centroamericano desde el 1 de julio de 2014.
Sucede que la “Ley Blindaje”, cuya inconstitucionalidad es reclamada por Guevara, fue sancionada hace tres años por su ahora cliente Martinelli.
Díaz señala que no hay necesidad de tratar la advertencia en el pleno, puesto que “hasta esta etapa del proceso la norma legal cuya inconstitucionalidad se está advirtiendo no decide el fondo de la controversia ni existe incidencia donde se vislumbre que dicha norma pueda ser aplicada”.
El próximo viernes se celebra la primera audiencia dentro de esta causa, pero Díaz advirtió que la posible admisión del recurso presentado por Guevara produciría “la inminente paralización del proceso”.
De hecho, una advertencia de inconstitucionalidad del artículo 491-A estancó la investigación a Martinelli por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Dicha acción fue promovida por el magistrado fiscal Oydén Ortega, quien solicitó una prórroga para concluir su investigación.
La de Ortega se acumuló a otras tres acciones similares. Como ponente actúa el magistrado Hernán De León.
Igualmente, en la Asamblea, hay un proyecto de ley que elimina la "Ley Blindaje", pendiente de segundo debate.
En el caso que ocupa a Díaz, el exgobernante es investigado por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad, peculado y abuso de autoridad.
En marzo próximo, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez –dos exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional- serán enjuiciados por la interceptación de las comunicaciones de más de 150 empresarios, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y opositores al gobierno de Martinelli.