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Posible delito contra la fe pública

Luis Cucalón será indagado por contrato otorgado a Cobranzas del Istmo

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Luis Cucalón Luis Cucalón
Luis Cucalón Archivo

El exdirector de la Autoridad Nacional de Ingresos (Anip), Luis Cucalón, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que investiga las operaciones de la empresa Cobranzas del Istmo,  S.A., que en el gobierno anterior obtuvo un contrato para gestionar el cobro de los impuestos morosos.

Carlos Carrillo, abogado de Cucalón, indicó que ayer –miércoles 20 de mayo-  tuvo oportunidad de leer la orden de indagatoria  y que su cliente comparecerá el próximo lunes 25 de mayo. Negó que se girara la conducción de su defendido y que éste se encuentra en Panamá.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que  investiga la presunta comisión del delito contra la fe pública, ya indagó por este caso al comerciante Cristóbal Salerno, a quien dictó medida cautelar de casa por cárcel, dada su edad (71 años).

También han sido llamados el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y María Alejandra Salerno.

De Lima está actualmente detenido, pero por la investigación por el desglose de partidas presupuestarias para burlas los controles y beneficiar a determinados proveedores del Programa de Ayuda Nacional.

La Fiscalía Primera Anticorrupción también maneja una querella penal contra Cucalón, que presentó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia,  por el supuesto delito de falsificación ideológica de documentos públicos. En la querella se solicitó la detención de Cucalón.

Como director General de Ingresos  (entidad que luego se reconvirtió en Anip), Cucalón firmó el contrato con Cobranzas del Istmo, en el año 2010. El MEF argumenta que dicho contrato contiene una declaración falsa, ya que dice que se formalizó bajo la figura de “excepción de acto público y autorización de contratación directa”, pero Cucalón no tramitó dicha autorización, requisito obligatorio, según De la Guardia.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia falló que la Anip era inconstitucional y, por ende,  se rescindió el contrato con Cobranzas del Istmo.

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