La defensa de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora respondió los señalamientos del Ministerio Público y pidió conocer las pruebas que acreditan que los socios fundadores de la firma Mossack Fonseca incurrieron en la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
"Para que nosotros podamos hacer la defensa correcta, es necesario que el Ministerio Público indique cuáles son los dineros ilícitos o sucios que entraron a la cuenta y así nosotros poder demostrar todo lo contrario", señaló la abogada Guillermina McDonald, en conferencia de prensa, este viernes 24 de marzo.
Un día antes, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada comunicó que encontró indicios que permiten acreditar los ilícitos, tras detectar dos cuentas bancarias desde las que se hacían transferencias procedentes de Brasil.
Sobre estas cuentas, McDonald replicó que eran para recibir fondos de los "productos" que vendía el bufete.
"[La cuenta] fue abierta para recibir dineros producto de honorarios, anualidades o venta de productos que mis representados vendían. Es una cuenta de administración. El propósito de esa cuenta constaba en el banco", dijo.
McDonald se reservó la cantidad de dinero en dichas cuentas. "Que digan ellos [el Ministerio Público] cuáles son los montos y en qué consiste la ilicitud. Sostengo con pruebas contundentes que ahí no ha entrado ningún ilícito a la cuenta de nuestros clientes".
El fiscal Rómulo Bethancourt dijo que por reserva de sumario no podía revelar el monto total de las cuentas, aunque sí precisó que una de ellas fue abierta en 2005 y "que es propiedad de la persona que trabajaba en Brasil", mientras que la segunda, propiedad de la firma, es donde iba a dar el dinero de todos los pagadores.
María Mercedes Riaño, encargada de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil, también es investigada y se encuentra detenida a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, al igual de Mossack, Fonseca Mora y Edison Teano.
McDonald hizo énfasis en que la oficina de Brasil era una franquicia del bufete; por tanto, Riaño no sería empleada de sus clientes. También dijo que no le extrañaría que Riaño -a quien nunca mencionó con nombre propio- llegara a un acuerdo de delación con el Ministerio Público.
"Dentro del expediente está probado un contrato de representación que tiene claramente establecido el derecho de tanteo, es decir, el derecho de utilizar la franquicia y tener la prioridad para comprar esa representación", precisó.
Según la investigación de la fiscalía, el caso inició en enero de 2016 -relacionado con la operación Lava Jato- al detectarse que la firma usaba una estructura que permitía el "ocultamiento de información financiera".
"En el enfoque y en esta etapa de la investigación se verifica el pago a la firma por haber asesorado por el ocultamiento, es decir, cuánto recibe por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos y que se conozca de dónde proceden sus capitales", explicó el fiscal.
Bethancourt informó que un primer análisis de esta última cuenta "permite ver que todos estos pagadores lo hacen de una única dirección o domicilio en Panamá, cada una de las sociedades que pagan en esta cuenta reflejan una misma dirección en Panamá".
Aseguró que "la transferencia de fondos está acreditada dentro de la investigación con el ingreso de dinero a una primera cuenta bancaria y que ingresan eventualmente a la cuenta de la firma donde dos personas, que son responsables, son los beneficiarios finales", indicó el fiscal.
"Esa persona en Brasil recibió los pagos y los envió a una cuenta a nombre de la firma en Panamá... La cuenta a la que hacemos referencia fue cerrada hace un año", señaló Bethancourt, quien resaltó la colaboración de los bancos panameños, "que han proporcionado información para identificar al beneficiario final del dinero".