El proceso judicial que imputa a Valter Lavítola y al ex director comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere, por corrupción internacional en Panamá fue nuevamente aplazado hasta el próximo mes de mayo.
La inesperada jubilación de la presidenta del colegio de jueces de la II Sección Penal del Tribunal de Roma, Adele Rando, invalidó la competencia del colegio judicial que instruía hasta ahora el caso. Este martes 7 de febrero se debía haber conformado el nuevo equipo judicial que debía sustituir al anterior para dirimir las responsabilidades penales de los acusados, pero un error burocrático en la justicia italiana ha impedido el trámite.
Durante la audiencia -que ha sido meramente formal y tan solo ha durado cuatro minutos- se ha establecido que será dentro de tres meses cuando se fije el nuevo calendario del juicio. En octubre del año pasado los abogados se negaron a que el nuevo colegio judicial adquiriera los verbales -documentos escritos por los taquígrafos judiciales-de las pasadas audiencias y pidieron que todo el proceso comenzara desde cero para que el nuevo tribunal erigido escuchara nuevamente las declaraciones de los testigos así como las deposiciones de los acusados. El sistema judicial italiano es uno de los más garantistas en toda Europa y esto provoca que los equipos legales de los imputados puedan aferrarse a estratagemas judiciales válidas para dilatar el proceso.
Es el tercer retraso de este tipo en este proceso que comenzó el pasado 27 de junio de 2014 y que avanza a trompicones continuamente interrumpido por fallas burocráticas y por argucias de los abogados que han excedido en varias ocasiones las garantías del proceso.
El fiscal Paolo Ielo acusa a Lavitola y Pozzessere de haber intentado desviar unos 25 millones de dólares en coimas que según las diligencias judiciales iban destinadas al entorno del ex presidente Ricardo Martinelli.
El exjefe de Estado de Panamá contrató a un abogado en Italia, pero todavía no ha hecho presencia en sede judicial.