El proceso judicial que imputa a Valter Lavitola y al ex director comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere, por corrupción internacional en Panamá fue nuevamente aplazado hasta febrero del año próximo.
La inesperada jubilación de la presidenta del colegio de jueces de la II Sección Penal del Tribunal de Roma, Adele Rando, ha invalidado la competencia del órgano judicial que instruía hasta ahora el caso. De manera que en la próxima audiencia del 7 de febrero deberá conformarse un nuevo equipo judicial que deberá discernir las responsabilidades penales de los acusados.
Durante la audiencia -que ha sido meramente formal y tan solo ha durado cuatro minutos- se han constituido la partes y se ha hecho referencia verbal a la diversa composición del colegio de jueces. Acto seguido, la juez Maria Concetta Giannitti ha pedido formalmente a las defensas de los acusados si estaban de acuerdo en la adquisición de los documentos verbales de las audiencias pasados.
El reo Lavitola – que está en arresto domiciliario- no asistió al juicio, pero sus abogados se han opuesto a que los verbales de las pasadas audiencias sirvan como prueba. Su pretensión es que el proceso comience desde cero para que el nuevo tribunal -que deberá discernir las responsabilidades penales de los acusados- escuche nuevamente las declaraciones de los testigos.
A los seis meses de pausa provocados por la ausencia de Lavitola en la pasada audiencia de abril, se suman ahora otros cuatro meses de aplazamiento por una nueva estratagema legal de la defensa de Lavitola.
Este juicio, que comenzó el pasado 27 de junio de 2014, avanza a paso lento, continuamente interrumpido por estratagemas legales de la defensa de los imputados que han excedido en varias ocasiones las garantías del proceso convirtiéndose casi en un abuso del derecho.
El fiscal Paolo Ielo acusa a Lavitola y Pozzessere de haber intentado desviar unos 25 millones de dólares en coimas que según las diligencias judiciales iban destinadas al entorno del ex presidente Ricardo Martinelli. El ex jefe de Estado de Panamá contrató a un abogado en Italia, pero todavía no ha hecho presencia en la sede judicial. La fiscalía sostiene que la sociedad Agafia Corp. se fundó para recibir una coima de 25 millones de dólares provenientes del contrato con Finmeccanica.
