Los medios de comunicación panameños denunciaron los intentos de regular el contenido editorial y limitar el derecho a la información, en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Antigua, Guatemala.
Entre los hechos más relevantes en los últimos seis meses está la iniciativa de reglamentar una ley de prevención de violencia doméstica, que le atribuía al Ministerio de Gobierno la facultad de imponer multas a los medios de comunicación ante el supuesto de que alguno incurra en discriminación o violencia contra la mujer. Luego de varias reuniones entre el entonces ministro Milton Henríquez y representantes de los medios de comunicación, se acordó que los afectados deben acudir a la justicia civil ordinaria.
También se reportó sobre el proyecto de ley que presentó el diputado Noriel Salerno, para obligar a los medios televisivos, radiales e impresos a pautar campañas promocionales que serían aprobadas por una comisión compuesta por instituciones del Estado.
“Se trataba de una clara injerencia en los contenidos editoriales de los medios, ya que no era sobre publicidad pagada, sino de espacios gratuitos que debían ser cedidos a esta campaña permanente”, señala el informe de Panamá sustentado ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Los medios de comunicación se unieron en una campaña denominada #TuLibertad, para expresar su rechazo al proyecto, que fue finalmente archivado por la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, encargada de debatir la propuesta. “El resultado de la campaña fue el rechazo del proyecto”, dijo Eduardo Quirós, vicepresidente para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
“Ahora nos hemos enterado de un nuevo intento de regular los medios”, agregó Quirós, acerca de una propuesta legislativa del Ministerio de Salud, que pretende establecer la responsabilidad de los medios de difundir, de manera permanente, información relacionada con infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
“Es difícil pensar que se trata de hechos aislados… Los reiterados intentos [de legislar] muestran una intención de intervenir en el contenido de los medios”, dijo Quirós, que es presidente del Grupo Editorial GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo.
El futuro de ambas publicaciones es incierto, desde que el 5 de mayo de 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC)- incluyó a Abdul Waked, propietario de los diarios, en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Los ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido mantener relaciones comerciales o financieras con cualquier entidad listada. No obstante, la OFAC otorgó una licencia a Gese para que pueda tener acceso a los mercados estadounidenses. La licencia está vigente hasta el próximo 13 de julio, recordó Quirós ante la SIP.
El informe sobre Panamá también menciona los hechos denunciados por el Grupo Epasa y la Compañía Digital de Televisión (NexTv), que públicamente han dicho ser blanco de campañas de intimidación de parte del gobierno.
El presidente de Epasa, Ricardo Chanis, ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Chanis no ha regresado a Panamá desde la Asamblea [de la SIP] de México el año pasado”, dijo Quirós.
Chanis es requerido por una fiscalía anticorrupción, que investiga el préstamo otorgado por la estatal Caja de Ahorros (CA) para la supuesta construcción del fallido centro de convenciones de Amador. Chanis avaló dicho préstamo, cuando fue parte de la junta directiva de la CA.
Como parte de este caso, se encuentra detenido preventivamente Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA y presidente de Nextv.
La audiencia preliminar estaba programada para el pasado 27 de marzo, pero no pudo celebrarse porque el abogado de una de las partes recusó a la juez penal Alina Hubiedo, a cargo del caso.
El informe presentado por Quirós a la Comisión de Libertad de Prensa e Información reiteró que en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, está en trámite un proyecto presentado por el diputado ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una ley marco de comunicaciones para todos los países miembros del foro, que establece mecanismos de control por parte del Estado para “monitorear, advertir y promover” sobre los contenidos en los medios de comunicación.
La reunión de medio año de la SIP 2017 termina el próximo lunes 3 de abril.
Más información en la edición impresa de La Prensa del domingo 2 de abril de 2017...