La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, reanudará hoy lunes 4 de julio la audiencia preliminar a 30 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, que gestionó la adquisición del grupo Editora Panamá América (Epasa).
Según una nota de prensa del Órgano Judicial en esta audiencia, que se inició el 27 de enero de 2022, el Ministerio Público (MP) deberá concluir con sus alegatos y posteriormente se dará inicio a las intervenciones de la defensa técnica particular y la defensa pública.
La primera fecha de esta audiencia fue el 12 de noviembre de 2021, pero al faltar la notificación de uno de los imputados, se suspendió y se fijó para el 27 de enero de 2022. Este día, a su vez, se suspendió a la mitad de la presentación de las alegaciones del MP sobre la participación de los indiciados en los hechos bajo investigación, luego de que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli alegó que su cliente gozaba de fuero penal electoral.
Ello obligó a la jueza Marquínez a dictar la ruptura procesal en cuanto a Martinelli y de los hermanos David y Daniel Ochy, quienes no fueron notificados de esa primera fecha de audiencia y a suspender la audiencia preliminar.
Marquínez fijó una nueva fecha de audiencia para el pasado 19 de mayo, pero tres abogados no comparecieron y tampoco presentaron justificación alguna. Cada uno fue amonestado con una multa de 100 dólares.
Ese día otros dos defensores particulares tampoco comparecieron a la audiencia, tras presentar certificados de incapacidad médica.
Este caso también está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia resuelva una apelación presentada por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, contra una fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia, que ordenó a la jueza Marquínez a anular todo lo actuado en la primera audiencia preliminar de este caso, celebrada el pasado 27 de enero de 2022.Eso a raíz de un amparo de garantías presentado por la defensa de Daniel Ochy, que se opuso a la ruptura procesal dictada por la jueza.
El Primer Tribunal dio la razón a la defensa de Ochy, al sostener que la decisión de Marquínez contradijo los artículos 17 y 32 de la Constitución. Según el fallo, la ruptura procesal solo puede ser dispuesta por el juez cuando se alcancen medios alternos de solución de conflictos, cuando el investigado presente enfermedades mentales o se encuentre en paradero desconocido.
La apelación Márquez fue presentada ante el Primer Tribunal Superior, que deberá enviar el recurso al pleno de la Corte, que a su vez deberá designar un magistrado ponente.
La investigación se inició en el año 2017 cuando el Ministerio Público reveló que la compra de Epasa se gestó a través de una sociedad canasta denominada New Business y que el dinero aportado provenía de contratos otorgados a diversas sociedades para la ejecución de obras de infraestructura. En la investigación se obtuvo información bancaria y asistencias internacionales.
