El juicio del caso Odebrecht, postergado en varias ocasiones, vuelve a asomarse al calendario. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirmó que el Ministerio Público llegará preparado a la audiencia prevista para el 12 de enero de 2026.
El juicio, que involucra a una veintena personas por presuntamente blanquear las coimas de la empresa constructora, ha sido suspendido al menos seis veces debido a múltiples motivos, entre ellos, a la falta de asistencias judiciales desde Brasil y otros países, y por dificultades en la notificación de algunos imputados.
“Yo espero que esta audiencia pueda retomarse el 12 de enero, que es la fecha programada. Son decisiones de los tribunales, pero por parte del Ministerio Público ya nos encontramos preparados para hacer las acusaciones”, dijo Gómez Rudy.
Precisó que dos fiscales asignadas al expediente sustentarán los cargos.
El lío de la multa sin pagar
El procurador también se refirió al incumplimiento de la sanción económica impuesta a la empresa brasileña después que confesó haber pagado sobornos en Panamá, “Hay una situación de cobro de esa multa. No se ha completado ese pago y el Ministerio Público va a seguir exigiendo ese compromiso”, explicó, al recordar que la empresa aceptó esa obligación al momento de suscribir el acuerdo con el Estado en 2017.
Odebrecht se comprometió a pagar $220 millones como multa tras reconocer que pagó coimas para obtener contratos de infraestructura entre 2010 y 2014. Hasta ahora ha entregado $74.4 millones. La deuda pendiente asciende a $146 millones, a lo que se suman intereses por morosidad.
El pasado 2 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción volvió a insistir ante un juez de cumplimiento para que se haga efectivo el cobro de la suma adeudada. Durante una audiencia, el fiscal de cumplimiento Javier Cuadra solicitó ordenar la retención de todos los fondos que distintas entidades públicas mantengan destinados a pagar deudas a la empresa, con el fin de transferirlos al Tesoro Nacional como abono a la multa.
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Como antecedente, el 20 de enero la fiscalía pidió retener $2 millones que el Metro de Panamá debía entregar a Odebrecht por trabajos en la Línea 1, para destinarlos al pago de la sanción. Desde 2019, la empresa ha incurrido en retrasos reiterados en el cumplimiento del acuerdo económico.
Los abogados de Odebrecht sostienen que la compañía carece de fondos para cubrir la multa, debido a que no mantiene contratos vigentes en el país. La fiscalía rechaza ese argumento y advierte que el incumplimiento persiste mientras los intereses siguen acumulándose.
En paralelo al tema económico, el proceso penal tampoco ha avanzado al ritmo previsto. El juicio contra 26 personas por blanqueo de capitales relacionados con el esquema de sobornos fue reprogramado para realizarse entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026.
Los retrasos obedecen, entre otros factores, a la falta de respuesta a solicitudes de asistencia judicial internacional enviadas a Brasil, que incluyen testimonios de exdirectivos de Odebrecht, y a dificultades para notificar a imputados que se encuentran fuera del país. Entre ellos figura el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia.
En noviembre pasado, el Órgano Judicial informó que habían remitido a Colombia una solicitud formal para notificar a Martinelli, sin que las autoridades panameñas hayan recibido respuesta. Martinelli permaneció durante meses en atrincherado en la embajada de Nicaragua en Panamá y posteriormente viajó a Colombia tras recibir un salvoconducto.
A pesar de esas dilaciones, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que está preparada para enfrentar el juicio. El Ministerio Público asegura que el expediente contiene pruebas suficientes para sustentar una condena, entre ellas testimonios, documentos que acreditan el pago de coimas, informes de movimientos bancarios entre sociedades utilizadas para ocultar los sobornos y declaraciones obtenidas mediante acuerdos de colaboración con algunos de los investigados.
