La Corte Suprema de Justicia deberá resolver las denuncias presentadas, respectivamente, por los diputados Betserai Richards y Jairo ‘Bolota’ Salazar, presentadas tras un enfrentamiento sostenido el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, en el que Salazar golpeó y amenazó a Richards.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la denuncia interpuesta por el diputado Richards, remitida por el Ministerio Público, quedó radicada en el despacho de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.
La denuncia de Richards sostiene que fue agredido de manera sorpresiva por Salazar cuando se encontraba junto a otros diputados leyendo unos documentos.
Richards presentó una certificación médica de las lesiones sufridas tras la agresión de Salazar.
Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de $14 millones vinculados a la citada descentralización paralela, que, según investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.
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En tanto, la denuncia presentada por Salazar contra Richards quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez.
No se tienen mayores detalles de la denuncia presentada por el diputado Salazar contra Richards, pero el diputado colonense ha dicho públicamente que su colega le ha hecho una serie de acusaciones sin fundamento.
En su cuenta de Instagram, Salazar expresó que “existen algunos medios que, por no simpatizar conmigo, me señalan sin importar los hechos y no buscan la contraparte, o sea, la verdad. Hay límites que un hombre no puede tolerar, y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y a denigrar para luego victimizarse, en otras palabras, tiran la piedra y esconden la mano’”.
Los magistrados Vásquez y Chen Stanziola deberán valorar el contenido de las denuncias y determinar si hay méritos para iniciar una investigación penal.
