El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones revocar el depósito domiciliario concedido a Lupo González y Karen Pitty, ambos imputados en el escándalo por la cesión fraudulenta de créditos fiscales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Este martes 4 de agosto, al reanudarse la audiencia solicitada por los defensores y la fiscalía para apelar las medidas cautelares dictadas por un juez de garantías el pasado 11 de julio, el fiscal Márquez explicó el rol que cada uno tenía en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales, venderlos y distribuir el dinero entre sus miembros.
En el caso de Lupo González, ocupó el cargo de analista en la DGI. Además, tenía acceso al sistema e-Tax 2.0. para anular, dividir pagos y hacer ajustes.
El fiscal recalcó que, tras una inspección realizada al sistema e-tax 2.0 usado por la DGI, se logró establecer que la clave de González se utilizó para transferir créditos fiscales por $76 mil a Bonay International Holding, una de las sociedades intermediarias utilizada por la red. En ese caso, Bonay cedió los créditos a Bac International Bank.
La red empleaba otras sociedades intermedias, Master Eco Green y Bonay Investment.
Fiscal Emeldo Márquez habla sobre apelaciones de operación Pandora.
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 4, 2026
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El fiscal Márquez consideró que la medida cautelar de depósito domiciliario a favor de González debe ser revertida, ya que las dolencias que padece el imputado pueden ser tratadas en un centro penitenciario. Además, destacó su activa participación en el ilícito investigado.
Le preocupa, además, que desde su residencia, González pueda ayudar a ocultar pruebas o alertar a otros miembros de la estructura criminal para transferir bienes o coordinar acciones.
En cuanto, a Karen Kitty, su nombre aparece como representante legal de Master Eco Green, sociedad que recibió unos $20 millones en créditos fiscales que luego se negociaron con bancos de la localidad. La sociedad realizó varias transferencias a cuentas bancarias a nombre Carlos Ferguson y Adolfo Cosme Quintero Aguilar. Pitty luego le contó al banco que Ferguson y Quintero eran “accionistas” de Master Eco Green.
Esta sociedad también transfirió fondos a José Jurado Rovira, representante de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A.
Ferguson, Quintero -que fue pareja de Pitty- y Jurado también están imputados y en detención provisional.
Pitty se dirigió a los magistrados del Tribunal de Apelaciones y aseguró que, aunque su nombre aparece, la idea de crear la sociedad y prestar servicios como intermediario en la comercialización de los créditos fiscales fue de Adolfo Quintero Aguilar. Él la convención. Según Pitty, no sabe nada sobre los trámites y el manejo de los créditos fiscales; de todo eso se encargaba su expareja.
Dijo además que requiere tratamiento médico especializado, ya que hace poco fue operada de una hemorragia cerebral y necesita evaluaciones constantes, además de padecer otras patologías.
Los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky declararon un receso hasta el próximo jueves a las 2:00 p.m. Ese día comunicarán su decisión y se sabrá si se mantienen las medidas cautelares o se modifican.
