Por incapacidad de uno de los abogados

Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato

Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato
Ramón Fonseca Mora (Izq.) y Jürgen Mossack, antes del inicio de la audiencia. LP/Roberto Cisneros

La audiencia preliminar a 33 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a través de la operación Lava Jato, originalmente programada para este martes, fue suspendida, dado que un abogado defensor presentó una excusa médica y otros dos ni siquiera comparecieron al acto.

Ahora, se celebrará en la fecha alterna previamente agendada: 22 de marzo de 2022.

La audiencia preliminar del caso debía iniciar este 1 de junio, en el teatro Balboa, acondicionado para este momento en una gran sala de audiencia, presidida por Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Tercero Liquidador.

Entre los imputados se encuentran Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, de la extinta firma de abogados Mossack Fonseca, a la que se le vincula con la creación de sociedades offshore a través de la cual presuntamente se depositaban fuertes suma de dinero para adquirir bienes inmuebles para blanquear dinero producto del pago de coimas.

“Aquí no hay delito, nunca ha habido ningún delito, de manera que en cuanto a nosotros se refiere, el tema es muy fácil: hay que absolver a todo mundo y anunciar que no va a haber juicio, porque si no hay delito, para que va a haber juicio”, dijo Mossack, al llegar al teatro Balboa, poco antes del inicio de la audiencia.

Su exsocio Fonseca fue más locuaz y acusó al diario La Prensa y a su presidente fundador Roberto Eisenmann, al millonario George Soros, al expresidente Juan Carlos Varela y a las instituciones financieras internacionales (IFIS) de haber armado “todo este lío en el que nos han metido”.

“Nosotros éramos una firma de abogados como cualquier otra firma panameña, ejerciendo el derecho igual, sin cometer ninguna ilegalidad. La cogieron con nosotros para destrozar el sistema bancario y de servicios panameños”, indicó Fonseca, antes de ingresar a la sala.

“Queremos probar en ese juicio que vender sociedad anónimas panameñas no es un delito. Se hace todos los días. Y se hace todos los días en el mundo entero, porque el mundo camina con sociedades anónimas. Nevada, por ejemplo, vende 250 mil sociedades. Con todo y ello nos atacaron… El dinero que dicen que lavamos son 2 mil dólares por cada sociedad”, remarcó.

Agregó que todo el proceso judicial fue un “invento” de La Prensa, “porque fueron ellos los que nos hackearon, fueron ellos los que pusieron el nombre de Panama Papers y fueron ellos los que nos acusaron, a través de sus primeras planas totalmente falsas”.

Aunque no lo precisó en sus declaraciones de este martes, Fonseca se refiere de ese modo a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que en abril de 2016 expuso las actividades de Mossack Fonseca en todo el mundo. En ese trabajo periodístico participaron 109 medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo a La Prensa. Marina Walker, exvicedirectora del ICIJ, ha explicado en varias oportunidades que La Prensa no estuvo de acuerdo en que el proyecto fuera denominado Panama Papers, y que la decisión final la tomó el consorcio.

Aunque Mossack Fonseca denunció que sus servidores fueron hackeados, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectural y la Seguridad Informática determinó que eso no fue así. Lo que sí se probó la fiscalía, a través de diversos peritajes, es que en las oficinas de Mossack Fonseca había “claramente un ingreso y manejo indebido de la información, utilizando usuarios con perfiles de ingreso permitidos, toda vez que son usuarios creados y autorizados por la firma para el uso de los sistemas”, según la vista fiscal del 31 de octubre de 2016, en la que se pide un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal.

El ICIJ ha explicado que toda la documentación sobre la firma fue obtenida y compartida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el resto de medios asociados al consorcio.

El caso que este martes ocupa al Ministerio Público, en relación a Mossack Fonseca, ni siquiera guarda relación con el ICIJ. Se remonta al año 2014 -dos años antes de la gran investigación global-, cuando las autoridades brasileñas que desarrollaban la operación Lava Jato descubrieron que María Mercedes Riaño, una empleada de Mossack Fonseca, fue contactada para la creación de sociedades que tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales.

El entonces juez brasileño Sergio Moro, pieza clave de las pesquisas por corrupción en Brasil, aseguró que había “evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”.

“Pretendemos que la juez capte que toda la investigación está realizada en investigaciones realizadas en Brasil, que no conoce la ley de sociedades anónimas panameñas, que la satanizó con un propósito muy claro porque allí, como han sabido a través de los medios de comunicación internacionales, no tuvieron fruto dentro de Brasil, porque el juez Moro estaba totalmente politizado”, dijo Guillermina McDonald, abogada defensora de Mossack.







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