Dos personas imputadas por participar en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. y se apropió de créditos fiscales han admitido su participación en el delito y alcanzado acuerdos de pena de 48 meses de prisión, cada uno.
Otros dos imputados trabajan en acuerdos con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, aportando información a cambio de condenas más laxas.
Fuentes ligadas a las investigaciones revelaron que Alfredo Murillo Pimentel y Karina Suárez ya firmaron acuerdos de colaboración, con sentencia de prisión para ambos, aunque a uno de ellos ya se le reemplazó la pena por días multa. No se precisó si se trata de Murillo o de Suárez.
¿Qué hacían?
Suárez es una antigua trabajadora de la sede de La Chorrera de la Dirección General de Ingresos (DGI). Su aprehensión fue ordenada el 7 de julio pasado por el fiscal Dagoberto Alvarado, como parte de la operación Pandora.
El nombre de Suárez ya estaba en la denuncia anónima que recibió el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025 y que motivó la apertura de las investigaciones. Se le describía como una persona cercana a Eduardo Silvestre, entonces jefe de Cuenta Corriente de la DGI, y de Betzy Rodríguez, otra funcionaria de confianza. Silvestre y Rodríguez también están imputados por esta causa penal y ahora trabajan en acuerdos de colaboración con la fiscalía.
En la resolución de aprehensión, el fiscal hizo referencia a un testimonio que indicaba que “Betzy Rodríguez, en varias ocasiones, iba a la casa de Karina Suárez, en La Chorrera, a buscar altas cantidades de dinero y luego se lo llevaba al señor Eduardo Silvestre”.
En cuanto a Alfredo Murillo Pimentel, es el yerno de Betzy Rodríguez y habría ejercido como testaferro. Ambos suscribieron una sociedad denominada A & Consulting Logistic González, S.A., el 20 de marzo de 2025. Además, Murillo y Rodríguez figuran como tesorero y secretaria, respectivamente, La presidenta de la sociedad es Milena Lineth González Rodríguez, hija de Betzy.
Milena González también está imputada y tiene medida cautelar de reporte los días 15 y 30 de cada mes.
Silvestre y Rodríguez, en cambio, tienen medida cautelar de depósito domiciliario.
Por este caso, hay una veintena de imputados. Solo en aquella resolución de aprehensión del 7 de julio pasado se hace alusión a 19 personas, de las cuales nueve se mantienen en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizada al 16 de julio pasado. La mayoría se encuentra detenida provisionalmente, aunque hay tres más que (al igual que Silvestre y Rodríguez) están en depósito domiciliario: Lupo González, Angeli Rodríguez y Rina Arza.
El último en ser imputado y detenido fue José Miguel Jurado Rovira, quien, según la investigación adelantada por la fiscalía, a través de la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, tramitó $23 millones de créditos fiscales a través de sus empresas y, de forma paralela, llegó a ingresar $2.3 millones en sus cuentas personales.
Los celulares
La fiscalía también intenta ubicar el teléfono celular de Jurado Rovira. No lo encontraron el día que Jurado se entregó voluntariamente. Se sospecha que en ese aparato existe información de interés para la investigación.
La fiscalía piensa que hay más personas involucrados en la estructura criminal, quienes pudieron servir de testaferros para ocultar los dineros obtenidos a través de la venta fraudulenta de los créditos fiscales.
Así, se trabaja en la verificación de mútiples mensajes de texto obtenidos de los teléfonos de los funcionarios de la DGI detenidos o que colaboran. Los dispositivos de Silvestre, Betzy Rodríguez, Milena González e Irene Cumbrera (otra antigua funcionaria de la DGI que está imputada y detenida provisionalmente) ya fueron incautados y examinados por la sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
Antes de Pandora...
Hasta ahora el Ministerio Público ha realizado tres operaciones relacionadas con irregularidades en la tramitación de créditos.
La primera de ellas, denominada operación E-Tax 2.0, se desarrolló el 23 de octubre de 2025.
La operación E-Tax 2.0. inició con una denuncia presentada en abril de 2023 y en ella se detuvo a cuatro funcionarios de la DGI, a las que se acusó de alterar el sistema e-Tax 2.0, para crear créditos fiscales. Estos créditos ficticios luego eran cedidos a una empresa intermediaria. El beneficiario final era una empresa aseguradora.
La segunda operación, que se llamó Publicano, efectuada el 10 de septiembre de 2025, también está relacionada con la manipulación del sistema e-Tax. Seis personas fueron aprehendidas.
